Presión para reabrir investigaciones

La controversia surgida entre el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Comisión Institucional de la Verdad, por la prescripción o no de los expedientes de las víctimas de la dictadura militar, traspasó las fronteras.
Pues, una nueva denuncia contra el Estado para obligarlo a continuar las investigaciones por los crímenes ocurridos durante la época militar, fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
La abogada Cinthya Ayarza dijo que la Comisión de la Verdad pretende lograr que el organismo internacional falle a favor de la continuidad sobre las investigaciones de las muertes durante la dictadura y se esclarezca lo ocurrido.
"Básicamente es para que se continúe con la investigación, exponer ante la Comisión Interamericana lo que está sucediendo en Panamá, la situación de los desaparecidos y las controversias de continuar investigando", expresó la abogada.
El próximo lunes el equipo de abogados y el presidente de la Comisión de la Verdad Alberto Almanza, expondrán a los medios de comunicación el contenido de la denuncia y formalizarán lo presentado ante la COIDH.
Explicó que en este caso sería una demanda fundamentada en la desaparición del Heliodoro Portugal, pero que además comprende otros casos dentro del mismo contexto de los desaparecidos durante la dictadura.
Aclaró que la denuncia no incluye ningún tipo de indemnización para los familiares de los desaparecidos, sino más bien se exige la obligatoriedad de continuar las investigaciones por los cientos de expedientes de crímenes durante esa etapa del país.
Desde el pasado mes de enero la Comisión Institucional de la Verdad pidió al Ministerio Público la reapertura de las investigaciones de los expedientes de desaparecidos declarados prescritos, basándose en un fallo emitido por el magistrado César Pereira Burgos, donde confirma los conceptos de no prescripción de los delitos contra los derechos humanos.
La Corte Suprema de Justicia bajo la ponencia de Burgos, falló el 16 de diciembre del año pasado la no concurrencia de la prescripción en el caso del homicidio del dirigente sindical José Del Carmen Tuñón, ocurrido hace 35 años.
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