El contralor Alvin Weeden informó ayer que el Presupuesto General del Estado del año 2000 fue ejecutado en un 90%, en cuanto a los gastos de funcionamiento, pero en el área de inversiones sólo alcanzó el 60% de ejecución.
"Se decía que iba a haber un desbalance en el presupuesto, en los dos últimos meses de este año, pero se cubrió con toda una serie de medidas y felizmente vamos a terminar con una ejecución presupuestaria que está dentro de los compromisos internacionales del país", explicó Weeden.
De acuerdo con el funcionario, el Producto Interno Bruto (PIB) estuvo bastante cercano al 3%, "cosa que es positiva".
"En general, el funcionamiento del Gobierno ha sido un poco superior a lo que fue el año pasado, lo cual contribuye a que la economía panameña se mantenga estable en algunos segmentos, salvo otros que han sufrido alguna disminución dramática de su actividad, lo cual ha causado un cierto nivel de inquietud en la comunidad económica", apuntó el contralor.
No obstante, Weeden vaticinó que en el año 2001 "las cosas van a mejorar". "Las perspectivas, tanto de la empresa privada como del Estado se mantendrán en niveles positivos, lo cual permitirá el desarrollo nacional", sostuvo.
El contralor destacó que el déficit analítico que se mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y otras entidades mundiales, van a estar dentro de los parámetros pactados y "el país va a seguir gozando de las calificaciones que hasta el momento tiene".
Explicó que la ejecución del presupuesto de inversión llegó al 60%, porque los fondos para esta área se logran a través de préstamos con organizaciones internacionales. No se pudo ejecutar totalmente, porque no se pudo contar con los recursos que justificaran esa ejecución, detalló Weeden.
"El respaldo financiero para las inversiones se tiene que obtener durante la propia ejecución y en ocasiones no hay las mejores condiciones para obtener préstamos negociables a tasas aceptables", precisó.
Por otro lado, el contralor dijo que entre las principales irregularidades cometidas durante este año en la administración pública, estuvieron las adquisiciones deshonestas y el uso indebido de los autos del Estado.