Con dos casos ambientales panameños se inaugurará a finales de este mes la fase de audiencias del Tribunal Centroamericano del Agua (TCA), en San José de Costa Rica.
Los daños causados al río Pacora y a la bahía y a algunas comunidades de Panamá, son las primeras demandas que se ventilarán del 28 de agosto al 1 de septiembre en una audiencia pública.
El río Pacora ha sido objeto de extracción indiscriminada de materiales, hecho que ha sido denunciado por ciudadanos de la región Este de la provincia de Panamá.
En tanto, en representación de nueve comunidades panameñas, la Fundación para la Libertad Ciudadana interpuso una demanda ante el tribunal "por los daños y perjuicios causados a la Bahía de Panamá, los ríos y las quebradas que desaguan en la misma, y las comunidades ubicadas en la vecindad de los cuerpos de agua, por la mala gestión o negligencia derivados de los Proyectos Corredor Sur y Punta Pacífica".
La demanda es contra el gobierno panameño, la empresa Ingenieros Civiles y Asociados (ICA) y contra la Corporación Financiera Internacional (IFC) representada por James Wolfensohn, presidente del Grupo Banco Mundial.
Félix Wing Solís, director del equipo ejecutivo de Libertad Ciudadana, indicó que a la demanda presentada se adjuntaran 15 kilos de documentos probatorios que incluyen informes técnicos, correspondencia, planos y fotografías recopiladas durante más de dos años.
Las denuncias de Libertad Ciudadana se refieren a que con la construcción del Corredor Sur se han acumulado sedimentos que han causado olores desagradables en el área de Paitilla, se agravan las posibilidades de inundación y estancamiento de las aguas negras en zonas bajas.
Agregan que la Bahía de Panamá podría convertirse en un pantano de lodo fecal con la construcción del Corredor Sur y los rellenos del proyecto denominado Punta Pacífica.
Los demandantes solicitan al tribunal que emita una condena moral contra ICA, contra el Gobierno por haber permitido los daños ambientales y contra IFC por haber aprobado un préstamo a ICA pese a que la recuperación de la inversión y la ganancia pactadas en el contrato de concesión estaba garantizada con la venta de los terrenos otorgados por el Gobierno.
También piden al tribunal que se exija a las personas naturales y jurídicas panameñas que tomen medidas urgentes e inmediatas para detener la descarga indiscriminada de contaminantes en ríos y quebradas que van a dar a la bahía.
De acuerdo con el TCA, los tribunales éticos representan los nuevos escenarios civiles de justicia donde los ciudadanos y los pueblos revelan su poder para velar por el respeto de los derechos humanos fundamentales, ambientales y colectivos.
Las experiencias de los tribunales de Rotterdam y Amsterdam, en Holanda, así como el de Brasil, en los que se han examinado casos de contaminación minera, radiactiva, por agrotóxicos y el impacto por la construcción de represas, han inspirado al tribunal centroamericano.
En la audencia pública que se celebrará a finales de mes en Costa Rica, el jurado del TCA sesionará en el Auditorio Nacional, y se espera que asistan delegaciones de Belice, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Panamá.
Indicó Wing Solís que además del caso presentado al tribunal centroamericano, Libertad Ciudadana a través de la firma de abogados Morgan & Morgan ha interpuesto una denuncia contra ICA por bien oculto en el caso de Punta Pacífica, y una demanda que reposa en el Juzgado Décimo Sexto de lo Civil por daños y perjucios a residentes de varias comunidades por donde atraviesa el Corredor Sur.
La primera denuncia es por 44.6 millones de balboas, los que pasarán al Estado de resultar favorable a quienes la interponen, en tanto que la otra permitiría a los demandantes ser idenmizados.
