Panamá es un país en el que cada cinco años que asume un gobierno se incrementan los impuestos financiar los programas sociales; pero nunca, hasta la fecha, se ha propuesto la opción de eliminar una serie de privilegios que recibe un grupo selecto de funcionarios.
La mayoría de estos tienen salarios que sobrepasan los 5 mil dólares mensuales; quizás para muchos ese no sea un gran sueldo, pero para el 16% de la población nacional que vive con un dólar 25 al día, es más que suficiente.
Dichos funcionarios tienen privilegios que van desde la compra de vehículos libres de impuestos, gasolina, placa, pasaportes, celulares, solo por mencionar algunos.
Entre estos se encuentran: los diputados de la Asamblea Nacional y sus suplentes, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia y del Tribunal Superior de Trabajo, los ministros de Estado, los directores de entidades públicas y el administrador del Canal de Panamá, que es el que más beneficios recibe en el país, a pesar de que devenga un salario de 12 mil 383 dólares con 33 centésimos.
Privilegiados.
Un diputado cobra 7 mil dólares mensuales y tiene derecho a importar un carro libre de impuesto de introducción y otros gravámenes cada dos años; derecho a pasaporte diplomático, a franquicia postal, telegráfica y telefónica dentro del país.
Otro grupo de funcionarios ungidos por las concesiones son los ministros de Estado, con un salario mensual de 7 mil dólares, pueden hacerse de vehículos oficiales, chofer, escoltas, pasaporte diplomático, placa oficial para sus vehículos de uso personal y gasolina.
En el Órgano Judicial no se quedan atrás. Los magistrados de la Corte, quienes devengan 10 mil dólares mensuales, tienen derecho a importar libre de impuesto un vehículo para uso oficial cada tres años, recibir 100 galones de gasolina cada mes y placa oficial.
Ellos a diferencia de los anteriores tienen estas prebendas establecidas legalmente, mediante el Artículo 65 del Código Judicial.
Despilfarro.
Para el abogado constitucionalista Miguel Antonio Bernal, la responsabilidad de este desperdicio de dinero en prebendas es de la Contraloría General.
A juicio de Bernal, hay demasiada política de privilegios. “Eso es como las partidas discrecionales que tiene el presidente de la República, el presidente de la Asamblea... hay un secretismo, no hay transparencia, pero yo lo atribuyo en este caso por completo a la Contraloría”.
Bernal aseguró que si hubiese una medida de fiscalización por parte de la Contraloría se podrían reducir muchos privilegios innecesarios, aunque duda que esto sea posible con la contralora actual.
“A ella se le puso ahí para que no haga nada. Ha pasado de contar cuántas latas de porotos había en el supermercado de Martinelli, a fiscalizar las finanzas de la República”, expresó.
Entre tanto, el director del Centro de Investigación de la Facultad de Humanidades (CIFH), Marcos Gandásegui, estimó que el problema radica en que estos empleados públicos están más preocupados por las prebendas que reciben, que por desarrollar planes para el resto del país.
“Vemos como los diputados; además de tener salarios muy altos, también reciben viáticos para asistir a las reuniones por lo cual son electos en la Asamblea... todo esto es muy irregular”, acotó Gandásegui.
El director del CIFH pone de ejemplo al presidente de la República, a quien se le paga no solo un salario generoso; también su residencia, el Palacio de las Garzas, con todos los privilegios.
“No sabemos cuántos automóviles tiene a su servicio... tampoco sé cuánto se le paga por cada viaje junto con una comitiva que pareciera faraónica”, expresó.
Presupuesto.
Ambos personajes concuerdan en que el presupuesto de la Asamblea es muy alto.
Gandásegui aduce que hace 20 años el presupuesto del Órgano Legislativo era de 12 millones de dólares y que ahora sobrepasa los 60 millones.
Según él, solo es para darles más prebendas y que el pueblo tiene que exigir una rendición de cuentas a los funcionarios por recibir sumas que no corresponden a su desempeño.
Por su parte, Bernal manifestó que el presupuesto de la Asamblea se ha duplicado en los últimos cinco años.
“Ellos son los que más privilegios se dan, porque ellos son los que hacen las leyes”, concluyó el catedrático y ex candidato a la Alcadía.
