Gases tóxicos emanados por una empresa cercana que opera en el sector de Villa Lorena, en el corregimiento de Río Abajo, mantienen afectados a residentes de los edificios 31, 37 y 38 de esta comunidad.
Los residentes de Villa Lorena presentaron una queja colectiva en la Defensoría del Pueblo, al considerarse afectados por los gases que libera la empresa Cloro y Similares S.A.
Indicaron que los gases les han causado náuseas, dolor de cabeza, irritación en los ojos, problemas en las vías respiratorias y mucosidad nasal.
Señalaron que además de afectar a los residentes del área, estas emisiones de los gases contaminan el ambiente y con ello disminuye su calidad de vida.
El defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada, remitió los oficios correspondientes al Ministerio de Salud y a la Autoridad Nacional del Ambiente, para que en 15 días hábiles rindan un informe en el que se indique si la empresa Cloro y Similares S.A. cumple con las normas sanitarias vigentes. De igual forma, la Alcaldía capital tendrá que responder si se han otorgado los permisos municipales necesarios para que la empresa opere.
La resolución de la Defensoría del Pueblo agrega que la Constitución Política de la República consagra en el Artículo 105 que es función del Estado velar por la salud de la población.
Para el abogado defensor del caso Benito Mojica, su lucha legal tiene un paralelismo con la pelea entre David y Goliat. El Estado es "pulpo gigante" que pocos se atreven a enfrentar. El caso lo lleva la Fiscalía Primera de San Miguelito.
Mojica tomó la defensa sin recibir honorario alguno porque "ni al Defensor del Pueblo, ni la Comisión de Derechos Humanos, ni el Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia (MINJUNFA), ni los juzgados seccionales de familia, se interesaron".
El licenciado sostuvo también que las profesoras Elizabeth de González, directora de la Escuela José Domingo Espinar y Yadira Ruiz Barrios, directora regional del área de San Miguelito, están siendo encausadas criminalmente, porque supuestamente tenían conocimiento de lo sucedido y no hicieron nada para remediarlo.
Mojica alabó el desempeño de la fiscal segunda de San Miguelito, Arcinda María Jurado Becerra, quien tuvo la valentía de escribir en la vista fiscal 413 del 8 de octubre del 2003, que se había incurrido en el delito de "abuso de autoridad e infracción a los deberes de los servidores públicos".
Como abogado espera que el Ministerio Público llame a juicio a los responsables, pero como ciudadano, Benito Mojica no espera nada de un Gobierno que no hizo nada al inicio de su gestión y no hará nada al final. "Estoy seguro que se dará un sobreseimiento, porque hasta ahora no se ha juzgado a nadie vinculado al poder".
Una de las acusadas, la directora regional de San Miguelito sólo atinó a decir que se está dando seguimiento a los padres y a los niños y se han comprometido a vigilar los baños, los recreos y las inmediaciones del plantel.
El gabinete psicopedagógico supervisa desde el incidente, los primeros hasta los sextos grados, realizan actividades con los estudiantes, los padres y los maestros.
A los estudiantes "agresores" los enviaron al turno de la tarde y al afectado a la mañana. Todos siguen en el plantel.
Los niños están recibiendo asistencia psicológica y la directora del plantel está organizando una escuela para padres, donde se capacitará a los acudientes sobre la autoestima y la conducta de sus hijos.
A un año de la denuncia, fue recientemente cuando la Fiscalía Primera de San Miguelito admitió la querella para ver si hay mérito para llevar el caso a juicio.
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