El proceso sumarial que se le sigue al ex presidente Ernesto Pérez Balladares podría quedar sin ningún efecto, e incluso considerarse su archivo, pues las investigaciones iniciadas por la Contraloría y trasladas al Ministerio Público, carecen de fundamento legal, afirmó una fuente judicial.
Lo mismo puede ocurrir en la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público por abuso de autoridad contra el contralor Alvin Weeden, pues el traslado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no llevaba una prueba sumarial vinculante con lo denunciado.
Según explicó, en ambos casos la Corte al entrar a considerarlos, puede tomar como base el artículo 2467 del Código Judicial y declarar que la denuncia donde se pide la separación y la instrucción sumarial no cabe jurídicamente.
El citado artículo establece que "el que promueva querella por delito o denuncia contra funcionarios y ex funcionarios públicos, deberá acompañar la prueba sumaria de su relato, en caso contrario si tal prueba no consta por cualquiera medio, se ordenará su archivo".
Al consultar al ex procurador Rogelio Cruz sobre estas disposiciones, explicó que para esos efectos se entiende como "prueba sumaria" cualquier medio que pruebe o acredite el hecho punible.
Sin embargo, Cruz considera que sí existe prueba sumaria para declarar ilegal la investigación iniciada por Weeden, pues aseguró que el caso de presunta lesión patrimonial no cabe legalmente, ya que no existe tal ilegalidad cuando el contrato entre el Estado y la empresa Port Engineering and Consultants Corp. no ha sido declarado ilegal por la CSJ.
"A partir de ese fallo, de una declaratoria de ilegalidad, entonces se puede investigar, durante el tiempo que estuvo vigente las acciones fueron legales, cómo puede haber entonces una lesión patrimonial", cuestionó el ex procurador.
No obstante, afirmó que lo expuesto por la fuente judicial, al reconocer que la denuncia no fue acompañada por una prueba sustancial, entonces se puede pedir su archivo, pero en el caso de la denuncia contra Weeden las pruebas aportadas, como la inmunidad del ex presidente y las órdenes de cautelación giradas por la Contraloría, demuestran el abuso de autoridad.
Además, dijo que se debe tomar en cuenta que el procurador no instruyó un sumario, es decir, que el expediente trasladado a la CSJ, no lleva una vista que evidentemente demora más tiempo.
Sobre la acusación de enriquecimiento ilícito dijo que dentro del expediente instruido por el contralor se debe presentar evidencias que comprueben que el ex presidente no justificó al ser requerido la procedencia de un incremento patrimonial, hasta entonces se puede hacer un cargo público.
