El procurador general de la Nación, José Ayú Prado, solicitó un sobreseimiento definitivo e impersonal dentro de las sumarias por el caso de la compra y venta del terreno de Chilibre.
Ayú Prado explicó en su vista fiscal que existió incumplimiento de un contrato de compra y venta, en el que se traspasó el terreno al Estado, pero sin ser cancelado al dueño original, y esto no es un delito.
Esta decisión se fundamentó en informes de diferentes entidades que establecieron que no salió dinero del Estado y, por lo tanto, no hubo una lesión patrimonial.
