El Procurador General en funciones, Francisco Fiallos, anunció ayer que autoridades de Nicaragua interrogarán al israelí Shimon Yelinek, preso en Panamá sobre el desvío de 3,000 fusiles y 2.5 millones de cartuchos a los paramilitares colombianos.
El portavoz de la Procuraduría, Sergio Boffelli, informó a ACAN-EFE de que Fiallos recibió el pasado martes al abogado de Yelinek en este país, Ricardo Gómez, quien le expresó la voluntad de su representado de "cooperar en la investigación sobre el desvío de las armas".
Yelinek fue detenido en Panamá a finales del año pasado y acusado de ingresar a ese país ilegalmente y de presunto tráfico de armas, y es señalado como quien dijo representar a la Policía de Panamá en el canje de los fusiles AK-47 y municiones por armas cortas.
Según la versión, Yelinek habría utilizado una orden de compra de la Policía de Panamá con sellos y firmas falsificadas, para negociar la permuta de las armas, en la que la Policía de Nicaragua recibiría 100 sub-ametralladoras UZI y 465 pistolas Jericó, israelíes.
Fiallos, quien preside la comisión inter-institucional que formó el Gobierno nicaragüense para investigar el caso, dijo que Gómez expresó que Yelinek "está dispuesto a ser parte del proceso (de la investigación del ilícito) y brindar detalles precisos de ese caso", apuntó la fuente.
El alto cargo nicaragüense señaló que ante Panamá "estamos usando el Convenio Mutuo de Asistencia Legal, para solicitar a ese país que nos permita interrogar a Yelinek", agregó el portavoz.
Según Fiallos, "sobre la base de las declaraciones que brinde ese empresario israelí, se identificarán a las personas que llamaremos para ser interrogadas sobre el desvío de los fusiles y cartuchos".
Agregó que el pasado domingo un procurador especial, al que no identificó, viajó a Panamá "como encargado de investigar todo lo relacionado con Yelinek, (quien) en este momento nos interesa mucho, pues es una pieza clave en la trama del desvío de las armas".
De acuerdo con el portavoz, el objetivo de la Procuraduría en ese caso es "determinar si el ilícito dañó económicamente el patrimonio del Estado de Nicaragua porque el dinero de la Policía y el Ejército es del Estado".
Un segundo objetivo "es conocer si en la operación de permuta, la seguridad de Nicaragua estuvo en peligro en algún momento, y si esas armas cayeron en manos de organizaciones terroristas, lo cual sería gravísimo", expresó Boffelli.
Fiallos está dispuesto de llevar ante los juzgados nicaragüenses a quienes resulten involucrados en el ilícito, en base a las pruebas concretas que surjan de la investigación, apuntó.
El escándalo estalló en abril de 2002 cuando el diario colombiano "El Tiempo" develó que los fusiles y municiones entraron a su país en noviembre de 2001, "procedentes de Nicaragua", y fueron recibidos por las Auto Defensas Unidas de Colombia.
La Policía de Nicaragua se defiende con el argumento de que fue víctima del "engaño" que fraguaron los israelíes Ori Zoller, dueño de la empresa GIRSA, de origen guatemalteco que negoció el canje de las armas, y de Yelinek, que desvió el cargamento de su destino original.
Un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece que hubo "negligencia profesional" del Ejército y la Policía de Nicaragua en ese ilícito, porque no verificaron si el trueque de armas lo hacían con la Policía de Panamá.
