El procurador de la Nación, José Antonio Sossa, presentó ayer ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra los indultos otorgados por el expresidente Ernesto Pérez Balladares el pasado 30 de agosto, bajo el argumento de que éstos rebasan los límites impuestos por la Constitución Nacional para este tipo de iniciativas.
De acuerdo con el procurador, los indultos otorgados violan el artículo 179 de la Constitución Nacional que establece que el presidente de la República sólo tiene facultades para decretar perdones por la comisión de delitos políticos y no para los de tipo común.
Alegó que en el caso de delitos comunes, el jefe del Ejecutivo únicamente puede decretar rebajas de penas y libertades condicionales.
Detalló que los indultos concedidos abarcan delitos contra el honor, la integridad personal, la fe pública, el patrimonio, la administración pública, la administración de justicia, homicidio, posesión agravada de drogas y de armas de guerra.
Explicó que estos perdones también violan por omisión el artículo 22 de la Constitución que contempla la presunción de inocencia, puesto que si el indulto por delitos políticos entraña un perdón, ha de entenderse que tal gracia presidencial debe producirse cuando la persona favorecida haya sido encontrada culpable.
Sostuvo que indultar a una persona por un delito por el cual aún no ha sido juzgada, es acreditarle una culpabilidad que no se ha determinado todavía, lo que viola el derecho a la presunción de inocencia.
En tanto, el Ministerio de Gobierno confirmó la liberación de seis de los beneficiados con los indultos, entre los que se incluyen Emilio Arrocha, sindicado por los delitos de peculado y corrupción de funcionarios; Manuel Pérez, acusado de delitos contra la salud pública (drogas); Jorge Tuñón, procesado por hurto; Ricardo Baruco, por robo a mano armada; Mitchell Orozco, por hurto agravado y Lidia Conri, por expedición de cheques sin suficiente fondos.
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