Una demanda de inconstitucionalidad contra la recién sancionada Ley Penitenciaria será presentada esta semana ante la Corte Suprema de Justicia por el Ministerio Público, para objetar la facultad que se le concede a la Dirección de Sistema Penitenciario de otorgar permisos laborales a reos.
El procurador José Antonio Sossa ha asegurado que estos permisos impiden el cumplimiento de las penas aplicadas por los tribunales y dan pie al surgimiento de comentarios sobre la posibilidad de la comisión de actos de corrupción tras el otorgamiento de estas excepciones.
Según Sossa, hay casos concretos de delincuentes homicidas que deben encontrarse en la cárcel por la gravedad del delito y ahora se hallan en las calles gozando de libertad y el Ministerio Público no tiene personal para darle seguimiento a estos casos.
