El procurador José Antonio Sossa ordenó retirar las armas de guerra de la Policía Técnica Judicial y eliminar los denominados grupos SWAT que existen en esa institución, al tiempo que advirtió que solicitará al nuevo gobierno una revisión de la ley que rige la PTJ.
Sossa alegó que la PTJ, por ser una institución dedicada a investigaciones de carácter técnico, no tiene necesidad de "usar armas de guerra y que cuando se necesite realizar operaciones que involucren la fuerza se debe utilizar a la Policía Nacional".
"La PTJ es una institución de investigación y no de represión que sólo debe usar sus armas de reglamento y no usar armamento de guerra, por lo que sus unidades deben prescindir de ellas", aseguró.
Dijo que estas armas deben ser remitidas a la armería que está bajo la custodia de la Presidencia de la República y aseguró que el Ministerio Público ha recibido una excelente cooperación de la Policía en los casos que así se lo ha solicitado.
Expresó que se ha intentado desintegrar a los denominados grupos SWAT creados a lo interno de la PTJ, pero que a la fecha no han sido disueltos y que a pesar de haber solicitado información al respecto ésta no se le ha brindado.
Expresó que existe un consenso nacional para aplicar cambios a la ley que regula la PTJ con el fin de que quede adscrita, sin ningún tipo de injerencia, a la autoridad del procurador de la Nación para evitar los conflictos que a la fecha se han suscitado.
Detalló que también ordenó que se le retire la placa a aquellos agentes de la PTJ que no realicen trabajo de investigación en las calles.
En tanto, el fiscal auxiliar Carlos Augusto Herrera acusó ayer a funcionarios de la PTJ de utilizar los autos y el combustible de la institución para llevar y traer a familiares. Herrera aseguró que allí se vive una anarquía.
Sostuvo que esto puede tipificarse perfectamente como un peculado de uso y que ello podría tener consecuencias si se realiza una investigación exhaustiva de estos casos.
Alegó que allí hace "falta la administración y lo que está pasando da pena por los funcionarios honestos que laboran en esa institución y que muchos han realizado declaraciones sobre la existencia de estas circunstancias".