El procurador general de la Nación, José Antonio Sossa, remitió un cuestionario de 16 preguntas al contralor Alvin Weeden para que rinda una declaración jurada dentro de la denuncia en su contra por delitos contra la comunidad internacional, la administración pública e incumplimiento de los deberes públicos presentada por el director de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), Gonzalo Córdoba.
Dentro del cuestionario enviado a Weeden, se le solicita responder si era de su conocimiento que Panamá y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) habían suscrito el convenio No 1108/0C-PN y que los fondos usados para su cumplimiento se encontraban depositados en una cuenta especial, los cuales serían utilizados para ejecutar una serie de proyectos de SENACYT.
También pide a al jefe de las finanzas públicas explicar si sabía que la no utilización de dichos fondos oportunamente, podía ocasionar la cancelación del contrato del préstamo No. 1108/OC-PN y acarrear en consecuencia graves perjuicios para el país.
Además, Sossa pregunta a Weeden si conocía que en el evento de que Panamá no cumpliera con sus obligaciones, no sólo perdería la suma de B/.327,000 del proyecto, sino que deberá devolver otros fondos adquiridos.
Otra pregunta formulada por el jefe del Ministerio Público al contralor Weeden es sobre si su despacho ha otorgado o no el refrendo a un cheque girado por el Ministerio de la Presidencia del fondo de contingencia, con cargo a la cuenta No. 04-00-0072-0 por la suma de B/.78,000, como parte de la obligación de la República de Panamá en el cumplimiento de las responsabilidades adquiridas en el convenio CTCAP-CHINA-NORMAS y que en caso afirmativo explique las razones para negar el refrendo solicitado.
Por otro lado, Sossa requiere al Weeden que declare si es cierto o no que al retardar injustificadamente el refrendo de los contratos enviados por SENACYT a la Contraloría y negar la aprobación del cheque No. 304 de 8 de enero del 2002 del Ministerio de la Presidencia, infringió las cláusulas séptima y décimoquinta del acuerdo de ejecución suscrito entre la Comisión para el Desarrollo Científico y Tecnológico de Centroamérica (CTCAP) y la República de Panamá.
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