El presidente de la Asamblea Legislativa, Jacobo Salas, responsabilizó ayer al procurador de la Nación, José Antonio Sossa, por el "fracaso" del proceso por las denuncias del caso del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS), al tiempo que amenazó con interponerle una demanda civil por abuso de autoridad y extralimitación de funciones.
Salas dijo que desde que Sossa empezó las investigaciones, le advirtió que estaba actuando de manera equivocada y que eso podría "viciar" el proceso e impedir que se pudiera ubicar a los responsables.
En esa misma fecha le preguntó al procurador qué sucedería en el caso que al final no pudiera concluir el proceso por haber actuado de manera equivocada y qué le respondería a la ciudadanía cuando no pudiera condenar a nadie por este proceso que tanto escándalo generó.
Salas insistió en que el problema estuvo en que se empezó a investigar a los legisladores, sin que el pleno hubiera otorgado la autorización para hacerlo como lo establece la Constitución Nacional.
Además se le investigó las cuentas bancarias sin que hubiese una acusación directa en su contra y en su caso personalmente lo citaron a rendir declaración jurada por vía de los medios de comunicación, no se le notificó de la manera que ordena la ley.
Salas insistió en que hay una serie de elementos que "viciaron" el proceso y provocaron que el final fuera el establecido en el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia, sin que haya responsable alguno.
Advirtió que en estos momentos analiza la situación con sus abogados, pues es posible que como legislador pueda interponer una demanda civil contra el procurador por abuso de autoridad y extralimitación de funciones.
Salas dijo que en este caso sería una demanda personal que presentaría él solo, pues no podría hacerlo a nombre del Organo Legislativo, pues este es un cuerpo colegiado.
El Ministerio Público (MP) por medio del recurso de consideración, podría lograr la reapertura del caso CEMIS que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió archivar, pues el Código Judicial prevé esta última apelación antes que el fallo sea definitivo.
Según criterio de la ex magistrada Aura Emérita Guerra de Villalaz, el MP puede plasmar su posición, por medio de un buen recurso de reconsideración y utilizarlo para lograr que el escándalo por el caso CEMIS siga siendo investigado.
"Utilizando ese medio se le debe plantear directamente a la Corte la solicitud del Ministerio Público, para evitar las confrontaciones en los medios de comunicación".
Dijo que en su experiencia como jurista en la Corte, se sometió a rigurosos sistemas de restricciones y limitaciones para no adelantar criterios sobre los procesos judiciales, para de esta manera evitar las confrontaciones entre los magistrados e incluso con el Ministerio Público.
Sostuvo que para evitar las polémicas entre criterios del MP y la CSJ, se debe ser comedido y utilizar los mecanismos que establece la ley para poder rectificar el fallo, pero la reconsideración sólo la puede hacer el Ministerio Público.
Aclaró que el fallo emitido por la Corte no fue de fondo y que de haberlo sido, cabe el recurso de revisión, puesto que la decisión expuesta por la corte fue por la forma como se hicieron las investigaciones, pues se tomó declaraciones a legisladores que aún estaban investidos de inmunidad.
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