Durante los ocho años de gestión de José Antonio Sossa como procurador general de la Nación, se ha ordenado la intervención telefónica por lo menos en 25 ocasiones distintas y de manera legal, informó ayer José María Castillo, secretario general de esta institución.
Castillo, quien compareció ayer al pleno de la Asamblea Legislativa, donde respondió una serie de preguntas del legislador Miguel Bush, manifestó que el "espionaje telefónico, en el caso que exista", no es responsabilidad de la Procuraduría.
Dejó claro que el Ministerio Público es el ente encargado de ejecutar la intervención telefónica, siempre y cuando exista una justificación legal y se tenga la autorización debida de parte de la Corte Suprema de Justicia.
La Constitución Nacional establece claramente que las llamadas telefónicas son privadas, sin embargo, la ley permite algunos casos en los que se puede ordenar la intervención. Según la norma legal, las intervenciones telefónicas se pueden ordenar en los casos en que se investigue delitos graves como narcotráfico y secuestros.
Manifestó que no puede revelar cuáles son los casos en los que se ordenó la intervención telefónica, pero aseguró que en cada uno se actuó en el marco de lo establece la norma legal que permite este tipo de acciones.
Explicó a los legisladores que en los casos en que se ordena la intervención telefónica, las llamadas que son interceptadas y que guardan alguna relación con lo que se investiga se adjuntan al expediente y se la da el uso que permite la ley.
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