Procurador investigará si hay espionaje telefónico

A pesar que el Consejo Nacional de Seguridad negó categóricamente que se esté registrando el espionaje telefónico, el procurador José Antonio Sossa afirmó que iniciará una investigación en base a una denuncia penal interpuesta ayer en este sentido.
Ayer, circuló un presunto memorándum enviado por la ministra de la Presidencia, Ivonne Young, a los jefes del Servicio de Protección Institucional, Alejandro Garuz, y del Consejo de Seguridad, Ramiro Jarviz, para espiar 117 teléfonos de políticos, altos funcionarios, empresarios, el propio arzobispo de Panamá y periodistas.
Jarvis, acompañado del director de la Policía, Carlos Barés y de Garuz, indicó que lo principal que demuestra la falsedad de la información, es que los dos destinatarios, su persona y el director del SPI, jamás la recibieron.
Sentenció que corresponderá a los medios de comunicación social cumplir con su responsabilidad por la divulgación de una información que fue calificada de "falsa e ilegal" por las autoridades.
Precisó que al analizar la nota se han podido percatar que la misma fue alterada y tiene más de dos tipos de caracteres diferentes. Detalló que se ha podido percatar que la información fue alterada y lo único que busca es desestabilizar el régimen democrático establecido. "Lo que busca es crear incertidumbre y desconfianza en la ciudadanía en general difundiendo comentarios tergiversados en cuanto a las funciones y la misión de los estamentos de seguridad", apuntó.
Advirtió que el documento es producto de un acto "ilegal" y de comprobarse la comisión de alguna alteración podría acarrear a sus autores las correspondientes responsabilidades legales.
Otra fuente oficial dijo que es posible que la firma de Young en el memorándum sea auténtica, pero que la misma pudo haber sido sobrepuesta y sacada de un documento original.
Por su lado, el procurador José Antonio Sossa advirtió que cualquier espionaje telefónico no autorizada por su despacho, es prohibida y que quienes la practiquen ilegalmente, serán perseguidos y castigados de acuerdo con los distintos grados de participación.
Aseguró que no tiene evidencias concretas sobre este particular, pero que ante su despacho ha sido presentada una denuncia en este sentido que deberá ser analizada como todo expediente ingresado al Ministerio Público.
La denuncia de la que habla Sossa fue presentada por el secretario general del Frente Nacional Contra la Corrupción, Enrique Montenegro, quien pidió que se inicie una investigación sobre el fax del Ministerio de la Presidencia que contiene la presunta orden para las intervenciones telefónicas.
Planteó que su despacho no ha ordenado la ejecución de ninguna diligencia de esta índole y que de acuerdo con la ley, esto sólo se puede dar en casos de delitos graves y con las directrices establecidas por la Corte Suprema de Justicia.
En el fax, aportado como evidencia por Montenegro y que contiene la supuesta firma de la ministra Ivonne Young, se remite al SPI un listado 117 personas cuyos teléfonos y celulares deben ser intervenidos intercaladamente y que cuenta con la aprobación de la presidenta Mireya Moscoso.
Dentro del listado figuran los nombres de 20 legisladores de oposición y gobierno, así como del subsecretario de la Asamblea. También aparecen altas figuras gubernamentales como el contralor Alvin Weeden; el primer vicepresidente, Arturo Vallarino; el director de la CSS, Juan Jované; el ministro de Comercio, Joaquín Jácome.
Aparecen además el monseñor José Dimas Cedeño; el banquero Alberto Vallarino; los magistrados de la Corte, Adán Arjona, Arturo Hoyos, Graciela Dixon, Winston Spadafora, José Troyano y Rogelio Fábrega Zarak.
Además del procurador José Antonio Sossa y la sí mismo, la procuradora suplente Mercedes Araúz de Grimaldo; los magistrados del Tribunal Electoral, Dennis Allen y Erasmo Pinilla; el secretario general del PRD, Martín Torrijos; la gobernadora de Panamá, Irlena Brown; el presidente la Cámara de Comercio, José Javier Rivera; el presidente del CoNEP, Juan Francisco Kiener; el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Carlos Vásquez y el presidente de APEDE John Bennet.
El documento también incluye al subdirector de la PTJ, Javier Chérigo; al subdirector de la Policía, Bolívar Castillo; al Jefe de la DIIP, Luis González; tres fiscales, cinco dirigentes sindicales, 30 periodistas y dueños de medios de comunicación.
En tanto, el ex presidente Guillermo Endara, quien también figura en el documento junto al ex mandatario Ernesto Pérez Balladares, aseguró que estas grabaciones sólo buscan hacer daño con "porquerías" para luego chantajear para que no adversen al gobierno.
Endara aseguró que la ministra Ivonne Young no autorizaría este tipo de escuchas sin la autorización de la presidenta Mireya Moscoso y que la firma aparecida en el documento se parece bastante a la de Young.
Por su parte, el secretario general del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), Martín Torrijos, pidió a las autoridades correspondientes iniciar una investigación sobre el presunto espionaje telefónico.
"Esto nos tiene muy preocupados, no es la primera vez que se habla de estamentos de seguridad involucrados en posibles investigaciones políticas ", sostuvo Torrijos.

Torrijos, quien aparece en el listado de personalidades supuestamente espiadas, expresó que le preocupa como a todos los panameños que exista esta posibilidad. En tanto, el defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada, dijo que es realmente preocupante que se estén pinchando teléfonos.
No obstante, consideró que las aclaraciones brindadas por el director del SPI y de la Policía Nacional llevan a la tranquilidad, aunque este es un tema que surge de "cuando en cuando".
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