El procurador José Ayú Prado explicó ayer que el fiscal especializado en delincuencia organizada, Marcelino Aguilar, no tuvo la oportunidad de analizar nueva información bancaria que llegó a la entidad relacionada con el ex presidente Ernesto Pérez Balladares, porque el Juzgado Noveno de lo Penal ordenó que cesara la ampliación.
La Fiscalía pretende investigar ahora si una cuenta bancaria en Bahamas de la sociedad Seaside Foundation, que tenía como firmante autorizada a Dora Boyd de Pérez Balladares, esposa del ex mandatario, se utilizó para mover más de 176 millones de dólares entre mayo de 2009 y junio de 2010.
El procurador detalló que la información bancaria fue solicitada cuando él estuvo a cargo de la Fiscalía, a raíz de que aparecieron unos cheques en el transcurso de la investigación que se adelantaba al ex gobernante y otras 12 personas por blanqueo de capitales.
“La información que se solicitó llegó a la Fiscalía cuando Aguilar ya era fiscal... él pidió al Juzgado que se compulsaran copias para abrir otra investigación, puesto que esas cuentas no tienen mucha relación con la cuenta original de la sociedad Shelf Holdin ni de la PTY Advence”, aseguró.
Sin embargo, dijo que la documentación está en el expediente que fue remitido al Juzgado Noveno.
Ayú Prado reiteró que Aguilar “no tuvo oportunidad de analizar las cientos de hojas que fueron remitidas a la Fiscalía, porque el Juzgado ya había ordenado el cese de la ampliación de las pesquisas y se empezará a confeccionar la vista fiscal”.
No obstante, se está a la espera de que el Juzgado se pronuncie sobre la apertura o no de una nueva investigación para determinar si se ha cometido un delito y saber quiénes son los vinculados.
El pasado 3 de marzo, la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada remitió al Juzgado la vista fiscal con solicitud de llamamiento a juicio para el ex gobernante y otros 12 implicados. Para el próximo 11 de abril fue fijada la audiencia.
