Washington -Luego de la agitada agenda que el procurador José Antonio Sosa sostuvo en Washington, calificó de "muy acertada" la declaración del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el expresidente colombiano César Gaviria en la sesión de clausura, cuando manifestó que los gobiernos aún no han atacado al narcotráfico como "un problema de interés nacional".
"Lo que ha faltado es un compromiso y voluntad integral de los estados," opinó Sossa, aunque reconoció que los representantes de Chile y la República Dominicana se expresaron contrarios a darle mayor prioridad cuando en varios países europeos el tráfico de drogas, por lo menos en lo que respecta a los cultivos en las regiones andinas, es visto más como producto de la pobreza.
Esta posición difiere radicalmente de la tendencia en Estados Unidos de enfatizar el castigo como el mejor disuasivo del narcotráfico, una modalidad muy propia del liderazgo republicano del Congreso.
Esto se hizo muy obvio durante la reunión en la que mientras el general Barry McCaffrey se unía a sus homólogos latinoamericanos en destacar la importancia de un enfoque multilateral del problema, la Cámara de Representantes aprobó una nueva versión de la ley que autoriza sanciones económicas contra narcotraficantes extranjeros.
La nueva versión de la llamada ley de designación de "capos" extranjeros del narcotráfico fue aprobada por 382 a 23 en la cámara baja, después que algunos líderes republicanos denunciaron como "narcocabilderos" a los representantes de relaciones públicas contratados por el gobierno de Aruba para oponerse a la nueva legislación.
También el gobierno de México ha expresado preocupación por las posibles implicaciones de proteccionismo comercial que puede tener la legislación y cabilderos contratados por la empresa Transportación Marítima Mexicana que fueron señalados como activamente empeñados en la búsqueda de algunas modificaciones.
En tanto Sossa no pareció inmutarse por las acusaciones de un grupo de figuras estadounidenses y latinoamericanas de que la estrategia antidrogas diseñada por Estados Unidos amenaza con "militarizar" las acciones policiales, como en el caso de Colombia.
Al inicio de la conferencia, el grupo, que incluye al expresidente colombiano Belisario Betancur, al novelista peruano Mario Vargas Llosa, así como el ex embajador estadounidense Robert White, circuló una carta abierta urgiendo reflexionar sobre el pobre balance que arroja la política que han adelantado todos los gobiernos en la lucha contra el narcotráfico.
"El problema para mí está en que muchos en este grupo favorecen la legalización de la marihuana y eso sólo llevaría a un auge de la drogadicción y de la criminalidad," señalo Sossa.
En lo que respecta a los problemas de la libertad de expresión que supuestamente debe ser vigilada por la oficina del procurador, Sossa desmintió que hubiera interpuesto una nueva demanda contra Gustavo Gorriti, el director adjunto de La Prensa, sino que caracterizó su última intervención ante los jurados como "seguimiento" de la acción original cuando demandó a ambos de difamación por haber publicado un cheque que resultó ser falso.
"Todavía ni han reconocido el error ni se han rectificado públicamente," señaló.
"Por eso he tenido que acudir nuevamente al jurado para solicitar que activen el caso. Pero es nada más que un seguimiento y nada nuevo".
Por lo menos dos organismos de derechos humanos, el Comité para la Protección de los Periodistas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideran a Sosa como "inamistoso" hacia los medios informativos.
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