El procurador encargado de la Administración, Juan Ceballos, solicitó a la Corte Suprema de Justicia que declare inconstitucional la resolución No. 122 de 27 de octubre de 1999 expedida por el Consejo de Gabinete de la presidenta Mireya Moscoso, que suspendió la vigencia de la Carrera Administrativa.
De acuerdo con Ceballos, la resolución expedida por los miembros del Consejo de Gabinete es violatoria de los artículos 17, 18, 194 y 195 de la Carta Magna.
También señaló que la citada resolución vulnera el principio de legalidad y causa innecesaria inestabilidad e inseguridad jurídica en el sector público.
Agregó que si el Organo Ejecutivo detectó la existencia de acreditaciones que no se ajustaban a la ley, no era a través de su anulación el mecanismo para corregir dichas irregularidades.
Explicó que el Estado no puede realizar actos contrarios a la ley u omitir el cumplimiento de aquello que ésta la exige a su libre arbitrio. Agregó que la Constitución Nacional establece que es una obligación de las autoridades cumplir y hacer cumplir la ley.
Por otro lado, explicó que ninguna disposición legal dicta que el Organo Ejecutivo tiene la atribución o facultad para dejar sin efecto o anular las incorporaciones previamente hechas dentro de la Carrera Administrativa.
Asimismo, considera que el Consejo de Gabinete carece de la atribución o facultad para dejar sin efecto o anular las incorporaciones hechas, revisarlas o reestructurarlas como se hizo a las efectuadas hasta el 31 de agosto de 1999.
Planteó que estas atribuciones que se ha abrogado el Gabinete no están respaldadas por la Constitución ni por la Ley y en un régimen de derecho, los órganos del Estado deben actuar de acuerdo con ellas, por ser las fuentes primarias de los poderes jurídicos.
