Un anteproyecto de ley que incrementa las penas hasta siete años de prisión para los que cometan delitos financieros, fue presentado ayer ante la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa, por el procurador José Antonio Sossa.
El anteproyecto establece la aplicación de sanciones de 5 a 7 años de prisión para las personas que, mediante la utilización de medios tecnológicos u otras maniobras fraudulentas, se apoderen, hagan uso indebido o procuren la transferencia ilícita de los fondos de una institución bancaria, cuando el ilícito sea cometido con la participación de un empleado de la institución.
También tiene previsto la aplicación de penas de 1 a 3 años de prisión para el empleado de una entidad bancaria u otra que capte o intermedie con fondos públicos, que diere ocasión a que se extravíen o pierdan dineros, valores, bienes y otros recursos de la institución que le hayan sido confiados.
A la vez se aplicarán penas de 4 a 7 años de arresto a quien altere los libros de contabilidad u otros registros contables o estados financieros de modo que resulte algún grado de perjuicio. La misma pena será aplicada a los contadores públicos que incurran en este tipo de acciones.
Por otro lado, estipula sanciones de 2 a 4 años de cárcel para la persona que haga uso indebido o divulgue información confidencial, de acceso restringido u obtenida por medio de una relación privilegiada, relativa a documentos, instrumentos, cuentas u operaciones bancarias de manera que cause perjuicio o se obtenga un beneficio indebido.
Paralelamente se impondrán penas de 2 a 5 años de arresto para que aquella persona que con el fin de procurar un provecho indebido realice maniobras fraudulentas para alterar el precio de las acciones o valores negociables.
En ese sentido, el procurador Sossa alegó que la existencia de lagunas en este tipo de legislación impedía la aplicación de sanciones fuertes a quienes incurren en este tipo de delitos.
Agregó que esto se produjo en el caso del Banco Agroindustrial y Comercial de Panamá (BANAICO), lo que ocasionó reclamos de la comunidad.
Penagos destacó que las afecciones en la piel pueden estar relacionadas con los químicos y pueden ser de color blancas, grises o chocolates. De manera que los pacientes que tienen esas manchas, es recomendable demostrarlo, de manera que no se puede divulgar un problema si no es comprobado clínicamente.
Consideró necesario que el Gobierno, funcionarios de Salud, obreros y las compañías se pongan de acuerdo para controlar la situación.
"No hacemos nada si comenzamos a gritar ¡veneno en el aire!, ¡muerte silenciosa!, porque lo que se riega no son venenos agudos pero sí causan daño", dijo
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