La procuradora de la administración, Alma Montenegro de Fletcher, estimó que el procurador de la nación, José Antonio Sossa, rebasó el límite de sus poderes jerárquicos al solicitar al director de la PTJ, Alejandro Moncada, que le remita todos los nombramientos y destituciones que proyecte realizar en esa institución.
Dentro de un proceso administrativo de interpretación, la procuradora de Fletcher aseguró que la PTJ tiene autonomía administrativa y funcional en el manejo de su personal, con lo cual eliminó el previo concepto emitido por el procurador de la nación.
Precisó que en el caso especial del nombramiento y remoción del personal subalterno de dicha institución policial, corresponderá al procurador realizar una revisión posterior y selectiva de las acciones de personal.
También sostuvo que el director de la PTJ sólo debe solicitar sus permisos o licencias a la Corte Suprema de Justicia, cuando pretenda ausentarse del país como se encuentra establecido en la reforma hecha a la ley No 2 de 1999.
A juicio de Fletcher, las facultades jerárquicas de la Procuraduría General de la Nación se agotan en tanto el director de la PTJ cumpla con su deber de rendir los informes solicitados, siendo totalmente irrelevante el hecho que el mismo lo haga personalmente o no.
El procurador de la nación giró el oficio No DPG-013-99 del 12 de enero de 1999, por el cual ordena al director de la PTJ que se reúna los días lunes y jueves con el fiscal auxiliar para que le informe de las detenciones recibidas en las 24 horas anteriores.
Al mismo tiempo, Sossa ordenó al jefe de la PTJ que remita previamente copia de todos los nombramientos y destituciones que proyecte realizar, a fin de que cumpla con los requerimientos del Reglamento Interno y la Ley Orgánica de la PTJ.
