El procurador general de la Nación, José Ayú Prado, recibió, la semana pasada, un informe del Ministerio de Obras Públicas relacionado con la construcción de los accesos al puente Centenario.
Esta información fue solicitada el pasado mes de enero, dentro de la investigación que se realiza para establecer responsabilidades por el derrumbe de la vía de acceso al puente Centenario, registrado el 8 diciembre del 2010. El informe que consta de más de 1500 páginas contiene los antecedentes relacionados con la construcción de los accesos y otros detalles.
Además de este informe, el procurador solicitó a la Presidencia de la República, la resolución de nombramiento del ministro de Obras Públicas, Federico Suárez; y al Registro Público se le pidió la certificación de la empresa española FCC, que reparó el acceso al puente cuando colapsó.
La investigación por este caso se inició en diciembre de 2011, tras una denuncia que presentó el abogado Ernesto Cedeño, por la supuesta comisión del delito contra la administración pública. La reparación tuvo un costo superior a los 30 millones de dólares.
