Expuso que hay que hacer una revisión completa para determinar lo que se necesita en el camino hacia la modernización de la institución, creando un sistema de rendición de cuentas y asegurar que se profesionalice el recurso humano.
Montenegro de Fletcher espera que hayan cambios en algunas prácticas políticas de despedir a los funcionarios cada vez que hay un nuevo gobierno.
Estimó que se está creando conciencia de que esa práctica debe ser superada por el propio bien de la administración pública.
La procuradora espera que las nuevas autoridades elegidas tengan conciencia de la importancia de respetar el recurso humano al servicio del Estado y que no se produzcan destituciones, sino que se desarrolle la Carrera Administrativa.
Por su parte, el secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), Alfredo Berrocal señaló que al menos 29 trabajadores han sido despedidos de sus puestos en el Estado, después de las elecciones del 2 de mayo.
Berrocal llamó la atención, debido a que se han producido una serie de despidos en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) que laboraban en el circuito electoral 7-2 en la provincia de Los Santos, donde fue derrotado el candidato a legislador del oficialismo Augusto García.
También se han producido despidos en otros ministerios como el de Educación; Desarrollo Agropecuario; Juventud, Niñez, Mujer y Familia; Relaciones Exteriores y Salud.
El dirigente señaló que estas destituciones tienen connotaciones políticas porque da la impresión que se trata de un pase de factura por parte del actual gobierno hacia funcionarios que sospechan no los apoyaron en las elecciones.
Uno de los afectados por la medida de PYCSA, César Augusto Rodríguez, manifestó, que está en desacuerdo con lo que les ha propuesto la empresa, ya que ahora tienen que abandonar sus residencias en un plazo de dos días, cuando se había pactado con el ministro de Obras Públicas, Eduardo Quirós, un plazo de treinta días para el desalojo, después de haberle efectuado un primer pago, que corresponde al 15% de la indemnización. " No queremos que nos pase lo mismo, que le ha pasado a la familia Góngora en tener que desalojar nuestra casa en dos días, los señores Góngora no han podido solucionar su reubicación y están esperando un segundo pago", afirmó Rodríguez.
Señaló tampoco queremos un 15%, ni 10% de la indemnización como PYCSA ahora le ha propuesto.
" Ellos (PYCSA) quieren pagar un porcentaje y con esa parte no podemos hacer transacciones, con ninguna compañía, somos de la tercera edad y no tenemos muchos ingresos", expresó Rodríguez.
Por otro lado, Rafael Mendoza, otro de los afectados nos comentó, que la empresa PYCSA concibe dicha negociación de manera diferente, catalogándolo como un acto de venganza por parte de ellos, ya que el ministro de Obras Públicas había dado la potestad de llevarse todo lo que se pudiera, referente a las estructuras de las casas (zinc y demás), mientras que la empresa mexicana PYCSA les ha dicho que todo debe permanecer igual.
14 de diciembre de 2003: Tras un fuerte aguacero se derrumba un puente ubicado en el Corredor Norte a la altura de La Palmita de Torrijos- Carter, provocando la muerte de tres niños, Félix Córdoba, Eduardo Moreno y Michael González.
16 de diciembre de 2003: El ministro de Obras Públicas, Eduardo Quirós, suspende la construcción de la segunda fase del Corredor Norte, en La Palmita de Torrijos- Carter.
19 de diciembre de 2003: El presidente de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, Carlos Penna, informa a Quirós del inicio de investigaciones de oficio sobre la estructura del puente.
20 de diciembre de 2003: El ministro de Obras Públicas multa con B/. 25.000 a la empresa mexicana Proyectos y Construcciones S.A (PYCSA) y ordena demoler los muros de ambos estribos del puente.
22 de diciembre de 2003: Quirós niega responsabilidad al señalar que no correspondía al sitio de la tragedia, cuando certificó en mayo pasado que era segura la construcción de muros en el Corredor Norte.
23 de diciembre de 2003: Familiares de los tres niños fallecidos presentan una denuncia penal por delito de homicidio a directivos de PYCSA.
24 de diciembre de 2003: Cincuenta mil balboas de indemnización ofrece PYCSA, a cada familia de los tres menores fallecidos, cifra que para su abogado Víctor Orobio, es ridícula e indecorosa.
16 de abril de 2004: Víctor Orobio, abogado de los familiares de los tres niños fallecidos, confirma que logró un acuerdo extrajudicial dentro de la demanda civil por daños y perjuicios con PYCSA.
8 de abril de 2004: Gumersindo Moreno, padre de una de las víctimas, manifiesta que está en negociación el segundo pago de la indemnización con la empresa PYCSA.
Son un total de 67 familias las que tienen que ser indemnizadas.
Los afectados amenazaron con realizar protestas a partir de esta semana en las calles. El ministro de Obras Públicas, Eduardo Quirós se reunirá con los afectados mañana.
"Eso está igual, se está cayendo, en estos días cayó un aguacero y se desbarrancó otro pedazo más de este puente. No estamos de acuerdo con que esa infraestructura se continué", indicó Gumersindo Moreno, vecino del área y quien perdió a su hijo durante el accidente del año pasado.
Según el abogado, Ramón Quinto, lo concerniente a las medidas de seguridad continúa sin ser atendidas por las autoridades y la empresa.
Según los residentes, las lluvias han vuelto a poner en peligro a los moradores que observan cómo se desmoronan pedazos del muro.
Indicó de que tiene conocimiento que el Ministerio de Obras Públicas y el Gobierno le han exigido una serie de normas para mejorar la seguridad en la construcción que anteriormente había obviado y fue multado por no cumplirlas.
Dichos residentes declaran que mientras no haya un talud, que soporte el puente, siempre habrá peligro para los moradores, "con estos aguaceros la tierra estará cediendo, hasta que se caiga,"expresaron.
