La Procuradora Gómez atribuyó al crimen la gestación del plan por el cual se atentaría contra funcionarios judiciales.
A su juicio, las acciones emprendidas por el Ministerio Público contra el lavado de dinero en los últimos meses pudo haber originado esta reacción.
Por ello - explicó - su despacho tomó la decisión de crear su propia seguridad institucional y para ello, han solicitado un crédito extraordinario al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
A su parecer, el crecimiento del crimen organizado ha hecho que el trabajo de los fiscales sea más peligroso.
La Policía Técnica Judicial (PTJ) detuvo los colombianos Jesús Antonio Londoño Castaño, Gerardo de Jesús Mejía Madrid, Reinaldo De Jesús Tuta Fernández, Fernando Ocoro Orobio, León Darío Arango y los ecuatorianos Álvaro Ricardo Reasco Garcés y Juan Arroyo Germán.
Durante un seguimiento hecho por más de tres semanas por unidades de la Policía Técnica Judicial (PTJ), se estableció que los sospechosos vigilaron varios edificios, en donde operan despachos judiciales, como el edificio AVESA y la PTJ.
El grupo operaba en un café Internet de la Vía España, desde donde enviaban mensajes electrónicos.
Tras su arresto, se les decomisó documentación que los vincula con los carteles mexicanos del narcotráfico.
A cinco de ellos, la fiscalía de drogas les abrió procesos por blanqueo de capitales.
También, se informó que viajaron a la Provincia de Coclé y tenían actividad en Calzada Larga, Alcalde Díaz y la 24 de Diciembre.
La Sección de Investigación Financiera de la PTJ (SIF) detectó movimientos irregulares de dinero proveniente del extranjero.
Todos los detenidos en este caso han mantenido un código de silencio.
Uno de los detenidos está implicado con el decomiso de drogas realizado en Miraflores, Betania.
Ante la amenaza detectada el Ministerio Público decidió reforzar la seguridad de sus funcionarios.
