La procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, consideró que es legalmente viable el refrendo del contrato No. 109-2,001 suscrito entre el Ministerio Público y la empresa Laboratorios de Identidad Fairfax Panamá, el que hasta la fecha la Contraloría de la República se resiste a refrendar.
De acuerdo con la procuradora, dentro del presupuesto general del Estado del 2001 existía la disponibilidad financiera necesaria para cubrir la cuantía del contrato suscrito con Fairfax para la instalación de un banco de datos para la ejecución de pruebas de ADN.
La funcionaria estimó que las piezas documentales aportadas evidencian, de conformidad con lo normado en la Ley No. 56 de 1995, que se cumplió con el procedimiento de selección de contratista, al concurrir más de una empresa al concurso por el contrato.
Estimó que se configuró el requisito de la competencia pública tal y como consta en el expediente, contrario a lo expuesto por el apoderado judicial del contralor Alvin Weeden, por lo que consideró procedente el refrendo del contrato.
Mediante nota No. 4725 del 8 de noviembre de 2001 Weeden devolvió al procurador, José Antonio Sossa, el proyecto de contrato con la empresa Fairfax sin el refrendo solicitado, bajo el argumento de falta de disponibilidad financiera para cubrir el importe o su cuantía, por lo que no podía ser incorporado al Presupuesto General del Estado.
A la vez estimó que el trámite de este concurso fue minuciosamente vigilado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y que se siguieron las instrucciones dadas para realizar este acto por la comisión evaluadora que lo adjudicó.
La instalación del banco de ADN asignado por el Ministerio Público a Fairfax creó una agria disputa entre el procurador Sossa y el contralor Weeden que decidirá la Corte Suprema de Justicia.
