La procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, estimó que los municipios no están en la obligación de aportar el 12% de su presupuesto a las Juntas Municipales de Educación, y que éstos podrán determinar el monto de la asignación de acuerdo con sus ingresos reales.
Fletcher consideró que la Ley 34 de 1995, no está obligando a los municipios a fijar esos porcentajes de manera específica, lo que hace es indicar un promedio de porcentajes de los que se puedan fijar al momento de preparar los planes y proyectos educativos.
La procuradora explicó que estos porcentajes pueden variar de acuerdo a las entradas, ingresos o egresos que cada municipio tenga destinado en su presupuesto, de allí el motivo por el cual los municipios deberán en coordinación con los agentes estatales preparar y analizar las partidas correspondientes a asignar en el renglón de educación.
Por otro lado, señala que los bienes y rentas de los municipios son de propiedad exclusiva de los municipios y no pueden ser ocupados ni comprometidos, si no en los términos en que lo sea la propiedad de aquellos.
Establece que en suma, debemos concluir que los municipios asignarán el porcentaje de sus ingresos reales que estimen convenientes para inversiones destinadas a la educación pública, educación física de conformidad a los artículos 112 y 113 de la Ley 106 de 1973 y además deberán tomar como parámetro los porcentajes preceptuados en los artículos 19 y 208 de la Ley 47 de 1946, modificada por la Ley 34 de 1995.
También advirtió que el uso incorrecto de las partidas correspondientes a subvenciones o auxilios concedidos por los municipios, en que incurra alguna entidad oficial o privada, así como la falta de presentación del informe mensual de sus operaciones, ocasionarán la suspensión inmediata de tal ayuda, la cual sólo podrá ser reanudada previo cumplimiento de las condiciones mencionadas.
La consulta fue remitida por el alcalde del Distrito de Panamá, Juan Carlos Navarro, quien solicitó la explicación ante la exigencia de algunas agrupaciones de padres de familia que exigen la entrega del 20% del presupuesto del municipio.
