La procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez dijo no comprender ese "malestar" y según expresó, "lo único que hicimos fue aclararle a un medio de comunicación que no existía ningún caso de alto perfil donde esté de por medio un diputado".
"Queríamos dejar claro que no habían casos engavetados como se mencionaba con frecuencia", sostuvo.
Recordó que fue el propio ex presidente de la Comisión de Gobierno y Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea, Jorge Hernán Rubio, quien abogó para que la Procuraduría solicitara a la CSJ autorización, a fin de aclarar una denuncia que formuló el vocero del Frente Anticorrupción, Enrique Montenegro.
"Eso es exactamente lo que hemos hecho", sentenció Gómez, y destacó que el secretario general de la entidad, Rigoberto González, de "manera responsable", remitió al medio de comunicación el listado de todas las autorizaciones pedidas a la CSJ donde se vincula a un diputado.
"Con eso no determinamos si hay un delito o no lo hay. Necesito la autorización de la Corte para poder investigar", puntualiz.
Cabe mencionar, que la Procuraduría ha elevado varias solicitudes ante la CSJ para investigar a un total de 10 diputados, incluyendo 9 de la Asamblea Nacional y uno del Parlamento Centroamericano (PARLACEN).
El MP también ha realizado dos pedidos ante la CSJ para investigar a la ex presidenta Mireya Moscoso, actual diputada del PARLACEN, sin embargo no han sido resueltos.
Además, se ha pedido autorización para investigar a los miembros de la Comisión de Gobierno de la Asamblea, Jorge Hernán Rubio (Partido Popular), Dorindo Cortez (PRD), Juan Hernández (PRD), José Blandón Figueroa (Panameñista), y Raúl Rodríguez (PRD).
También se ha solicitado investigar a los diputados del PRD Hermisenda Perea, Alejandro Vanegas y Franz Wever, además de Rogelio Alba (Liberal Nacional).
Con relación a la denuncia contra los diputados de la Comisión de Gobierno por la supuesta comisión del delito contra la Administración Pública, el diputado Jorge Hernán Rubio negó haber recibido dinero por el prohijamiento del proyecto de ley por medio del cual se declara área de desarrollo especial el territorio insular de Bocas del Toro.
La mayoría de los delitos imputados a los diputados es contra la administración pública y el patrimonio. También se vincula a Rogelio Alba en un caso contra la Salud Pública.
