La procuradora de la Administración suplente, Linette Landau, estimó que el artículo13 del Decreto Ejecutivo No. 212 de 1996, por el cual se conceden los permisos laborales y de estudio, no contraria el Código Judicial, pero que el artículo 15 del mismo sí contradice lo dispuesto en el artículo 2421 del Código Judicial y 75 del Código Penal, por lo que consideró necesario ejecutar una revisión de estas disposiciones.
Al responder al traslado hecho por la Corte Suprema de Justicia de la demanda de nulidad presentada por el procurador José Antonio Sossa contra el Decreto No. 212 de 1996, la funcionaria sostiene que es el momento propicio para consultar con todos los sectores relacionados con el tema penitenciario.
Según Landau, el Código Judicial establece el mecanismo de que disponen las autoridades del Organo Judicial y el Ministerio Público para auditar los establecimientos penales, por lo tanto, lo necesario es cumplir estrictamente con lo establecido por la ley.
Estimó necesario el establecimiento de la figura del Juez o Fiscal de Vigilancia, que sería el encargado de corroborar si se cumplen razonadamente las condiciones para conceder los permisos de salida a los internos. El procurador Sossa presentó una demanda de nulidad contra los artículos 13 y 15 del Decreto Ejecutivo No. 212 de 1996, bajo el argumento de que la reglamentación del citado decreto es excesiva.
También sostiene que el director general del Sistema Penitenciario carece de competencia para modificar o suspender los efectos de las sentencias emitidas por los jueces y tribunales, al conceder permisos de salidas a los detenidos y sancionados de los centros penitenciarios.
