La procuradora encargada, Mercedes Araúz de Grimaldo, afirmó ayer que no pretendió "censurar la decisión de la Corte Suprema de Justicia, ni promover el desacato o irrespeto a ésta" y sostuvo que sólo "procuró establecer un mecanismo de comunicación entre las autoridades policiales y de instrucción para mejor beneficio de los sujetos aprehendidos".
En una nota remitida al magistrado Fabián Echevers, la procuradora aseguró que "desde que asumió sus funciones ha trabajado para mantener y mejorar las buenas relaciones entre la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público".
Araúz de Grimaldo respondió de esta manera una carta que le envió el magistrado Echevers en que la acusa de concitar públicamente a la rebeldía contra la sentencia del 8 de los corrientes, que revocó un oficio expedido por el fiscal auxiliar Carlos Augusto Herrera, que rechazaba el recibo de expedientes que no fueran acompañados del detenido.
Por su parte, el propio fiscal Herrera señaló que el derecho de los detenidos va a estar más vulnerado con la decisión de la Corte y que el modelo fomenta la existencia de dos clases de detenciones: la primaria, que es la que se da en las primeras 24 horas, y la preventiva.
Dijo que acatará en todas sus partes el dictamen de la Corte, ya que nueve magistrados de esa corporación han señalado que él estaba equivocado y estas decisiones son de estricto cumplimiento.
En tanto, el expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Luis Alberto Alvarez, instó a la reactivación del Consejo Judicial en donde se podrían dirimir las diferencias surgidas en los últimos días entre el Ministerio Público y la Corte.
Alvarez indicó que el Consejo Judicial está compuesto por los tres presidentes de las salas de la Corte, los dos procuradores y el presidente del Colegio Nacional de Abogados.
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