La Procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, se mostró en contra de los beneficios de exoneración de impuestos que gozan algunos funcionarios de los tres órganos del Estado, al tiempo que el ex legislador Guillermo Cochez, presentó una denuncia de bien oculto ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Montenegro de Fletcher consideró que la ley de exoneración debería ser revisada, pues existen funcionarios que se aprovechan de ella, además de que representa una desigualdad para otros funcionarios que no tienen salarios similares, afectando la administración pública.
"Yo sostengo que por razón de equidad deberían eliminarse estos privilegios para todos los funcionarios, porque esta ley beneficia a los que ganan más", expresó la procuradora.
Reafirmó que la ley debe ser modificada para evitar la injusticia en la sociedad y para que se sienta que los administradores de la Cosa Pública cumplen con la vocación de servir.
En tanto, Cochez y el abogado Víctor Martínez, en la denuncia de bien oculto, solicitaron la investigación de todas las personas que usen o sean propietarios de vehículos exonerados a legisladores de los impuestos de introducción que debieron pagar.
En la solicitud, dirigida el ministro de Economía y Finanzas, Norberto Delgado, los denunciantes aspiran a que se les otorgue personería jurídica para recuperar a nombre del Estado el bien oculto que supera los 5 millones de balboas, según informaron Cochez y Martínez.
Entre las acciones a seguir pedidas en el recurso, figuran exigir a todas las personas que posean bienes exonerados entre 1999 y 2004 que porten una placa con el distintivo de legislador si se tratara del caso. Que el MEF, con el auxilio de la Policía Nacional y de las tesorerías, proceda a solicitar listado de todos los beneficiados.
Que el MEF, por medio del Ministerio Público, determine si en as operaciones de venta de los bienes exonerados se puede determinar algún tipo de grado de complicidad o encubrimiento de parte de las agencias distribuidoras o de funcionarios de la propia Asamblea Legislativa en el caso de los legisladores.
