Procuradora ordena allanar empresa de Jumet

El Ministerio Público ordenó allanar la empresa Grupo San Cristóbal, del norteamericano Charles Jumet, como primera diligencia en la investigación por presunta lesión patrimonial contra el Estado a través de la compañía marítima Ports Engineering and Consultants Corp. (PECC).
Una fuente ligada al caso confirmó que desde la tarde de ayer personal de la Policía Técnica Judicial (PTJ) y de la Policía Nacional custodian las instalaciones del Grupo San Cristóbal, en previsión que no sean sustraídos documentos o borrada información de las computadoras relacionada con el caso.
También informó que el contralor Alvin Weeden denunció la presunta existencia de un complot para desacreditar a importantes figuras gubernamentales. La fuente informó que este aspecto sería investigado por separado.
En la tarde de ayer, Weeden entregó a la procuradora encargada, Mercedes Araúz de Grimaldo, toda la documentación levantada por su despacho relacionada con supuestas lesiones patrimoniales por un monto de B/.6.6 millones en perjuicio del Estado.
Alegó la fuente que las investigaciones del Ministerio Público estarán encaminadas hacia los actos de corrupción cometidos por funcionarios en el momento en que se otorgó la concesión a la empresa PECC para el mantenimiento de boyas en el área de los puertos.
Según Weeden, su despacho continuará recabando pruebas en este caso a pesar de la inmunidad de la que goza el ex presidente Ernesto Pérez Balladares por ser miembro del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), para que luego las autoridades penales se encarguen de establecer si es procedente un proceso penal en su contra.
Weeden también dijo que Charles Jumet debe ser sometido a la justicia norteamericana por haber promovido la comisión de actos de corrupción en un país extranjero, a través de transacciones de carácter comercial.
Por otra parte, una relación familiar existente entre el ex presidente Pérez Balladares y la procuradora Araúz de Grimaldo, podría hacer cuestionar las investigaciones que instruye el Ministerio Público en este caso.
El Panamá América conoció que Araúz de Grimaldo y Pérez Balladares mantienen lazos de parentesco.
No obstante, el ex procurador Rogelio Cruz consideró que este parentesco no impedirá a la procuradora adelantar este sumario, pues el Código Judicial en su artículo 760 establece impedimentos hasta el cuarto grado de consanguinidad.
Cruz explicó que ese artículo no se violentaría en las investigaciones que instruye la procuradora, pero sí consideró como ilegal la cautelación de bienes por parte de la Contraloría al expresidente, quien goza de la inmunidad del PARLACEN.