La procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, solicitó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que declaren nulo el decreto ejecutivo número 122 de octubre de 1,999, por el cual se ordenó la suspensión de la Carrera Administrativa.
Montenegro de Fletcher aseguró que la citada resolución expedida por el Organo Ejecutivo debe ser declarada nula, ya que pretende desconocer los derechos adquiridos por los servidores públicos incluidos en la Carrera Administrativa y ello infringe el principio de irrevocabilidad de los actos administrativos.
La solicitud de Montenegro de Fletcher se encuentra contenida en la vista fiscal dentro de la demanda de nulidad presentada por el excandidato presidencial del PRD, Martín Torrijos y el secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), Leandro Avila, por la decisión del gobierno de reestructurar la Carrera Administrativa.
Según la funcionaria, es un deber constitucional de los gobernantes asegurar la observancia de las leyes y centrar sus actuaciones a los que éstas disponen, debido a que de ello dependerá la estabilidad política, jurídica, social y económica del país.
Estableció que la medida aplicada por el gobierno vulnera el principio de legalidad y causa innecesaria inestabilidad e inseguridad jurídica en el sector público panameño, además de que involucra la revisión de más de 10 mil servidores públicos.
También señala que la resolución expedida por el Consejo de Gabinete viola los artículos 3, 18, 48 y 198 de la Ley 20 de junio de 1,994 y el artículo 15 del Código Civil, por lo que se debe declarar su nulidad.
Explicó que la administración gubernamental no puede realizar actos contrarios a la ley u omitir el cumplimiento de aquello que ésta le exige a su libre arbitrio.
