Los actos de corrupción descubiertos en el Ministerio de Educación, podrían pasar a la esfera judicial, después que la Procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, solicitara al Contralor, Carlos Vallarino, las pruebas de los hechos denunciados esta semana ante los medios de comunicación.
A través de una nota, la Procuradora afirmó que las “declaraciones hechas podrían ser incorporadas a las investigaciones” que adelantan las Fiscalías Anticorrupción.
Mientras, el Contralor Vallarino respondió ayer mismo, también con una nota, en la que explicó que cuando “hemos advertido irregularidades... hemos presentado las denuncias ante las autoridades competentes, a fin de que se determine la responsabilidad penal, patrimonial y disciplinaria a las que haya lugar”.
Indicó que en el caso particular de la empresa Rodeiba S.A., a la que se pretendía asignar la reparación de 18 escuelas en Panamá Oeste, fue detectada con anterioridad, por medio del control ejercido por la Contraloría de la República, razón por la que se giraron las instrucciones del caso para que se corrigieran las anomalías con antelación.
