La Procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher se declaró impedida para conocer la demanda contenciosa administrativa interpuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas sobre la suspensión de la carrera administrativa. Fletcher se declaró impedida dentro de la demanda contencioso administrativa de interpretación presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas sobre la legalidad del acto administrativo contenido en la resolución del 6 de septiembre de 1999 que suspendió la implementación de la carrera administrativa.
El argumento expresado por la Procuradora Fletcher se fundamenta en que previamente resolvió una consulta presentada por el ministro de Relaciones Exteriores sobre el momento en que se adquiere el status de servidor público de carrera administrativa, y antes que ello ocurra, qué régimen o preceptos le son aplicables a quienes están en este proceso.
Dentro de la consulta se pretendía que la Procuradora Fletcher diera respuesta a la interrogante de si es legal o no la suspensión de la carrera administrativas aplicada por la actual administración gubernamental y si son procedentes las destituciones ejecutadas durante el presente año.
La pasada semana miembros de la Federación Nacional de Empleados Público (FENASEP), piquetearon la sede de la Corte Suprema de Justicia por considerar que esa corporación de justicia ha dictado una serie de fallos que perjudican a los trabajadores.
Los miembros de FENASEP han argumentado que las 10 mil destituciones realizadas por la actual administración gubernamental tienen un trasfondo político y que son claramente ilegales por la forma en que se han ejecutado.
También los miembros de FENASEP han amenazado con acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar las acciones ilegales ejecutadas por la actual administración gubernamental.
A la vez han anunciado la ejecución de una serie de protestas para el próximo 27 de los corrientes en respuesta a las acciones ejecutadas por la actual administración gubernamental.
