No deben dar más vueltas; “si me van a condenar, que lo hagan”, respondió la procuradora de la Nación separada, Ana Matilde Gómez, tras culminar su indagatoria en la Procuraduría de la Administración por el supuesto delito de abuso de autoridad.
El procurador suplente de la Administración, Nelson Rojas, le tomó la indagatoria con más de 30 preguntas, sobre la orden de intervenir las llamadas del celular del ex fiscal Arquímedes Sáez, destituido en agosto de 2005.
Con este “pinchazo” se estableció que el funcionario incurrió en el delito de “concusión” al recibir paga o dinero a cambio de favores legales.
Gómez reiteró que no cometió ningún delito y que no existe ninguna ley en el país que explique cómo y qué autoridad debe intervenir las llamadas telefónicas.
Además, señaló que cuando llegó a ocupar el cargo ese tipo de diligencia era una práctica del pasado.
Manifestó que en otras diligencias pidió que se interviniera el teléfono de procesados y que existen pruebas, pero que por esos casos no se le investiga.
Angel Álvarez, abogado de Sáez, quien participó de la indagatoria, pidió como dos testigos al ex secretario general de la Procuraduría, José María Castillo y al ex procurador José Antonio Sossa.
