La Procuraduría de la Administración declaró jurídicamente viable la resolución No. 49 de junio de 2000 expedida por el presidente de la Asamblea Legislativa, en que se ordena el pago del equiparamiento salarial a los legisladores del período 1994-1999 con los ministros de Estado, tras el aumento ejecutado durante la administración del mandatario Ernesto Pérez Balladares.
La decisión de la Procuraduría de la Administración podría producir el pago inmediato de B/.1.5 millones en salarios caídos a los legisladores de la pasada Asamblea Legislativa.
En una vista suscrita por el procurador suplente, José Juan Cevallos, se establece que es jurídicamente viable la resolución expedida por la Asamblea que aprobó el pago de las planillas No. 340, 341 y 342 que equipara el salario de los legisladores al de los ministros de Estado.
Establece que el aumento decretado por el Organo Ejecutivo a favor de los ministros de Estado en 1995, debe aplicarse por equiparación a los miembros de la Cámara Legislativa.
La decisión de la Procuraduría de se produce dentro de un proceso contencioso administrativo de interpretación interpuesto por el contralor de la República, quien solicitó establecer si el desembolso a favor de los legisladores, es legal o no.
El documento indica que el artículo 226 del Reglamento Interno de la Asamblea señala que los miembros de ese órgano tendrán las mismas prerrogativas, emolumentos y asignaciones que los ministros de Estado.
