El Ministerio Público dio un ultimátum a los miembros del Consorcio San Lorenzo para que entreguen el próximo lunes los libros de contabilidad sobre el manejo de unos B/.9 millones movidos a través de cuentas bancarias y pagos en efectivo.
La fiscal primera anticorrupción, Cecilia López, explicó que se envió una nota a los abogados de Martin Rodin y Stephen Jones para que el lunes acudan al Ministerio Público con los libros contables en donde supuestamente se justifica el movimiento de dinero realizado de manera irregular.
Explicó que dentro de la investigación adelantada sobre el supuesto pago de sobornos por la aprobación del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS), se han detectado movimientos por unos B/.9 millones, cuyo responsable directo es Stephen Jones.
Alegó que los miembros del Consorcio San Lorenzo inicialmente señalaron que el CEMIS no mantenía operaciones financieras, pero de la investigación se determinó la existencia de transacciones y pagos efectuados a nombre de las empresas que lo conforman.
Insistió que las pesquisas se han dividido en dos fases, una ubicada al momento de la denuncia realizada por el legislador Carlos Afú por la aprobación del CEMIS y otra que es extensiva a los meses en donde se presentó el proyecto a los miembros de la Asamblea Legislativa.
"El financiamiento de las actuales jubilaciones no puede seguir sin que esto signifique perder la solidaridad en las bajas pensiones", argumentó.
En tanto, el secretario de la Confederación de Unidad Sindical (CoNUSI), Gabriel Castillo, reconoció que no se han podido poner de acuerdo, porque el problema del PIVM es bastante "complejo".
Coincidió con Abadía en la necesidad de solicitar al PNUD que se extienda el plazo otorgado y precisó que esto no se puede catalogar como un "fracaso".
Norma Cano, dirigente del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CoNATO), aseguró que el diálogo no ha fracasado, debido a que hay avances en las otras mesas y consideró que no se pueden cerrar las puertas al PIVM.
Al ser interrogada sobre las posiciones antagónicas que mantiene el sector privado, Cano denunció que el sector empresarial insiste en privatizar la institución y el obrero en defender el derecho a su atención.
"No puede ser que ellos se llevan más de lo que tienen actualmente si ya la Caja de Seguro le compra muchos servicios e insumos", advirtió. El PNUD recordó que la presidenta Mireya Moscoso, le solicitó que sirviera de facilitador de un Diálogo Nacional por el Seguro Social.
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