Miembros del Comité de Familiares de Desaparecidos Héctor Gallego (COFADEPA-HG), aseguraron que la petición de llamamiento a juicio realizada por el Ministerio Público en el caso de Heliodoro Portugal demuestra que los militares fueron los responsables de las desapariciones forzadas ejecutadas tras el golpe militar de 1968.
Federico Britton, miembro de la organización, afirmó que el Ministerio Público está en la obligación de investigar de oficio unos 40 casos de personas desaparecidas durante el periodo de la dictadura militar que se encuentran dentro del informe de la Comisión de la Verdad, de igual manera como se hizo con la desaparición de Heliodoro Portugal.
Indicó que la petición de llamamiento a juicio hecha por el fiscal tercero superior, Rolando Rodríguez, demuestra que los militares estuvieron involucrados en la desaparición de personas durante la dictadura.
En ese terreno definitivamente que mientras no le demos paso a la participación ciudadana estamos totalmente de espaldas a las nuevas realidades que vive el mundo de hoy.
Es urgente separar o aislar todo lo que tenga que ver con la elección de magistrados a la Corte Suprema, Tribunal Electoral, Defensoría del Pueblo, tribunales superiores, jueces, procuradores, fiscales y personeros, aislarlos de cualquier tipo de ingerencia del órgano ejecutivo y legislativo cuando esa ingerencia es exclusivista, tanto para la designación como para su nominación.
Identicamente pienso en correlación con el Legislativo. Creo que habría que aprender de otras sociedades en las cuales existe consejo nacional de la magistratura o de la judicatura, donde el mecanismo de selección de los integrantes del poder judicial o del ministerio público, su designación y aprobación pasan aparte completamente de las funciones del Ejecutivo y el Legislativo.
¿Por qué no pensar que ciertos integrantes del Poder Judicial puedan ser nominados por sus pares?
Estoy pensando que se podría integrar un consejo nacional de la judicatura en el cual haya representantes del Colegio de Abogados, electos en asamblea general, representantes de los jueces, organizaciones no gubernamentales abocadas a trabajar en este terreno.
También profesores de las facultades de derecho, electos por la junta de facultad, y naturalmente la participación de la sociedad civil y que ella misma debe encontrar representación en ese consejo de la judicatura.
Esta clase de representación puede extenderse a otras entidades públicas, Ente Regulador, Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC), Autoridad del Canal.
Tienen que sentarse las pautas para que estas entidades no sean monopolio exclusivo de cualquiera de los órganos del Estado.
Entre las iniciativas de cambio constitucional se citan las que deben operarse en el Organo Legislativo, esto es la eliminación de los dos suplentes, que no existen en otros parlamentos latinoamericanos, el manejo de partidas circuitales y administración directa de dinero del erario; la eliminación de privilegios y prebendas, la restricción de la inmunidad parlamentaria, en materias de tipo civil, entre otros puntos. Su opinión.
222 Hay que eliminar toda partida circuital, secreta, discreta, que no pasen por el tamiz de la institucionalidad y los controles que debe tener la sociedad. Igualmente, hay que seguir el ejemplo de otras sociedades latinoamericanas, que han eliminado la figura de suplementes de legisladores y magistrados, expreso Bernal.
En el Legislativo, como en el Ejecutivo y Judicial, se dan situaciones de dádivas y privilegios y también de suplencias. En primer término debe haber una voluntad política de gobernantes y gobernados de hacer cuanto antes las reformas que pongan punto final a esta trilogía nociva que es los suplentes, partidas y privilegios. Estos últimos se pueden eliminar a través de una ley sin necesidad de tocar la norma constitucional porque estos privilegios los han ido introduciendo a través del reglamento interno, lo mismo para el judicial y el ejecutivo.
Asimismo hay que eliminar toda partida circuital, secreta, discreta, que no pasen por el tamiz de la institucionalidad y los controles que debe tener la sociedad.
No es dinero del gobierno, partidos u órganos del Estado sino dineros del erario que deben manejarse como la mujer del César: ser honestos y sobre todo parecerlo.
Si hay cosas que debemos aprender de otras sociedades latinoamericanas es casualmente que ellas han ido eliminando a los suplentes de legisladores y magistrados, que en Panamá es una situación gravísima, no sólo por la manera como se nombran sino porque los mismos están en un permanente y abierto conflicto de interés. En el Ejecutivo hay que eliminar las figuras del vicepresidente porque son unos buenos a nada.
No estoy prensando en personas sino en las posiciones. Los vicepresidentes deben dejarse a los museos. Por otro lado, el reloj de la inmunidad se detuvo hace varias décadas y no nos hemos dado cuenta. La inmunidad está desapareciendo en su concepción tergiversada de las cuales se valieron algunos en situaciones muy especiales.
Debemos pensar más bien en la inmunidad del ciudadano para tener derecho a expresarse libremente sin temor que se le puedan aplicar medidas que contrarían dicha libertad. La inmunidad, en resumen, no debe salirse del foro o del escenario del hemiciclo donde actúan como representantes. Fuera de allí no debe existir la inmunidad. Lo que hay es una grandísima impunidad para no cumplir con responsabilidades familiares, o contraídas como deudas.
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