De conformidad con el artículo 6, numeral 2, y artículos 7 y 8 de la Ley 38 de 31 de julio del 2000, corresponde a la Procuraduría de la Administración, coordinar el servicio de asesoría jurídica de la administración pública. Igualmente le corresponde diseñar y ejecutar programas de capacitación a fin de lograr su eficiencia en la gestión pública.
En atención a ello, requiere la cooperación de todos los estamentos jurídicos de la administración pública, especialmente de los directores y jefes de las asesorías legales, para que se puedan cumplir las funciones legales establecidas y la obtención de los resultados óptimos de sus labores en las instituciones estatales.
En este sentido, la Procuraduría considera indispensable que los directores y jefes de las asesorías legales, asistan a las actividades de capacitación, con el propósito de adquirir y afianzar los conocimientos, convirtiéndose en agentes multiplicadores para beneficio del resto de los abogados en las instituciones donde prestan sus respectivos servicios.
De igual forma, considera necesaria la participación del cuerpo de abogados, en los diferentes seminarios y cursos, teniendo en cuenta las necesidades de fortalecer su preparación académica y experiencia.
Es responsabilidad de los directores y jefes de las oficinas legales, efectuar un seguimiento y evaluación al personal en sus puestos de trabajo, para apreciar el aprovechamiento y determinar las áreas por reforzar.
La Procuraduría de la Administración está en todo momento receptiva a coordinar y recibir las sugerencias y recomendaciones de los directores y jefes de las asesorías legales, lo cual traerá, sin lugar a dudas, los mejores resultados para su fortalecimiento, por lo que exhorta a aunar esfuerzos con la institución para mejorar el estatus general del cuerpo de asesores legales y abogados al servicio del Estado, en donde tiene gran interés y participación la Procuraduría de la Administración.
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