Después de comparar la administración del Ministerio Público con una "mafia", el presidente de la Asamblea Legislativa, Jacobo Salas, retó ayer al procurador José Antonio Sossa a que se analice en cuál de las dos instituciones existe mayor percepción de corrupción.
Sossa, quien estaba citado ayer a la Comisión de Credenciales a brindar detalles sobre el expediente del caso CEMIS, no compareció a la reunión y envió una carta en la que informó que adjuntaba una copia de la vista fiscal del proceso en la que se respondían todas las preguntas de los legisladores.
Salas opinó que durante el desarrollo de éste y otros procesos, Sossa ha hecho gala evidente de "prepotencia, incapacidad, arbitrariedad y abuso de poder".
Agregó que por esta situación está en capacidad de plantear que se "trata de una mafia" en el Ministerio Público que actúa como quiere el procurador.
Minutos después de concluida la reunión de la Comisión de Credenciales, la Comisión de Gobierno aprobó una propuesta presentada por el legislador José Blandón, que ordena la suspensión de la discusión de todos los proyectos de ley que ha propuesto Sossa en este período de sesiones ordinarias.
Por otra parte, la Sala Tercera Contencioso Administrativa acogió el recurso de pronunciamiento prejudicial presentado por Sossa contra la citación de la Comisión de Credenciales.
Una fuente de la Corte informó que ahora los legisladores deberán argumentar ante la Sala Tercera los motivos sobre los que se fundamenta la citación.
Los miembros que integran en la actualidad el GAFIC son Antigua y Barbuda, Anguila, Aruba, Las Bahamas, Barbados, Belice, Bermuda, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Granada, Guatemala, Guyana, La República de Haití, Honduras, Jamaica, Montserrat, Antillas Neerlandesas, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago y Venezuela.
