Procuraduría reclama el control de la PTJ

Los actos de corrupción que afloran a diario en la Policía Técnica Judicial (PTJ) fueron previstos y advertidos por el Colegio Nacional de Abogados y el Ministerio Público, cuando se dieron las gestiones para limitar el control que la Procuraduría mantenía sobre la instancia de investigación.
Entre los años 1998 y 1999, la Procuraduría y el Colegio de Abogados emitieron claras advertencias señalando que una modificación a la Ley de la PTJ provocaría en la institución "corrupción, ineficiencia, parcialización, clientelismo político, nepotismo, manipulación y demás prácticas negativas" que en ese entonces estaban siendo combatidas.
Las previsiones se dieron luego de las reformas a la Ley No. 16 que rige la PTJ y que restó al Ministerio Público control sobre la institución, específicamente para el nombramiento de sus directivos, acción que quedaría en manos de la Corte Suprema de Justicia.
"Tal iniciativa legislativa dice reconocer que la PTJ está bajo la dependencia, dirección, vigilancia y control del Ministerio Público según dice el artículo primero de su ley Orgánica cuya vigencia se mantuvo", expuso el procurador José Antonio Sossa, en una carta a la opinión pública fechada el 29 de diciembre de 1998.
"Sin embargo, esto se está transformando en una ilusión cuando le quitan al Ministerio Público todo el poder real y efectivo de ejercer directamente la facultad disciplinaria esencial para cualquier ente de dirección", agregó.
La reforma en mención, sancionada por el Ejecutivo bajo el nombre de Ley No. 2 de 1999, establece que el director y subdirector de la PTJ sólo podrán ser suspendidos o removidos de sus cargos por el Procurador, previo concepto favorable de la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia.
"Denuncio públicamente que la propuesta legislativa es dañina y fuente indudable de corrupción dentro de la administración de justicia. Así lo han venido explicando fiscales del país a oídos sordos, cegados por miramientos políticos que se imponen sobre el interés colectivo de la Nación", expuso Sossa en su nota.
Pero el procurador no fue el único en advertir las secuelas de la norma. También lo hizo una comisión especial nombrada por el Colegio Nacional de Abogados en un detallado informe sobre los acontecimientos que en 1999 enfrentaron al Ministerio Público y a la PTJ.
De acuerdo con esa comisión, la reforma introducida por la Ley No. 2 del 6 de enero de 1999 a la Ley 16 de 1991, contribuyó a diluir las líneas de mando sobre la Policía Técnica Judicial, creando un híbrido de suma peligrosidad.
"A fin de cuenta, lo que se ha impulsado, por tan infeliz reforma, es una encubierta autonomía de un cuerpo armado, incontrolado y sujeto a su propio arbitrio", se expuso en el informe de los comisionados.
El grupo, compuesto por los abogados Simeón González, Luis Fuentes Montenegro y Luis Alberto Espósito, entre sus múltiples análisis determinó que en la PTJ había complejos problemas que debían examinarse, como la situación del control de armas, la posible constitución de un grupo élite sin fines u objetivos jurídicamente determinados y el manejo de instrumentos de espionaje.
También exponían la escucha de las comunicaciones telefónicas privadas, el propio uso de armas y la violación a los derechos humanos de los detenidos en las cárceles preventivas de la institución.
En su informe, la comisión del Colegio de Abogados insistió en que la ruptura del principio de autoridad que se estaba promoviendo con la ley reformatoria llevaría a la PTJ a "caer en una peligrosa anarquía".
Al haberse cumplido, casi al pie de la letra, las advertencias hechas por el Colegio Nacional de Abogados y la Procuraduría, este último organismo reclama nuevamente el control de la PTJ.
"Lo que está pasando ahora parece toda un profecía de lo que fue señalado en ese momento", indicó a El Panamá América el secretario general del Ministerio Público, José María Castillo.
Abogó por una modificación a la ley que cristalice ese anhelo, no sin antes destacar que la mala imagen que vive la institución es responsabilidad de un pequeño grupo de unidades, en detrimento de una mayoría comprometida con su trabajo.
El funcionario apuntó que actualmente existe una actitud muy positiva de quienes dirigen la PTJ, sin embargo, "hay muchos años de deterioro que requieren un trabajo profundo y muy delicado".
Para el abogado, la solicitud no es un mero capricho, sino que es parte de la tendencia mundial que plantea que la policía judicial debe estar supeditada al Ministerio Público, con un perfil más técnico, judicial y bajo.
Lamentó que los policías judiciales mantengan una estructura que los limita en su desarrollo y los supedita a la concreción de actos que van en contra de sus principios éticos, "porque hubo situaciones que se presentaron anteriormente donde se utilizó a la institución para cosas que no eran correctas".
El secretario de la Procuraduría dejó claro que la solicitud hecha para que esta entidad asuma la absoluta jefatura de la PTJ no tiene que ver con poder. "Muchas veces cuando hemos planteado esto las personas de la clase política dicen que lo que sucede es que el procurador Sossa quiere más poder sin darse cuenta que el procurador que venga, llámase como se llame y nómbrelo quien lo nombre, se dará cuenta que sin un brazo investigativo que esté supeditado al que dirige, el trabajo no se realizará.
Pese a lo anterior y a su juicio, el llamamiento para una modificación de la Ley de la PTJ debe surgir de un consenso y del convencimiento de la ciudadanía de que el país se merece una institución independiente de la clase política y capaz de realizar con éxito y profesionalismo su labor.
"Nosotros sabemos, conocimos el proceso de integración, que fue un proceso exitoso hasta que llegó esta reforma. Sabemos cómo podemos hacer para que esto funcione bien porque tenemos el conocimiento", acotó el funcionario de la Procuraduría.
Mientras tanto, adelantó que los procesos de investigación contra unidades de la entidad continuarán, hasta procurar la depuración de esa dependencia.
"En estos momentos tenemos una persona (Rodolfo Aguilera) que es colaboradora, que actúa con seriedad y profesionalismo, pero si él o cualquiera otra persona en el cargo quisiera declararse en rebeldía, puede hacerlo sin que le suceda nada", manifestó Castillo.