Según el abogado, Carlos Carrillo, las leyes panameñas definen la diferencia en el término de pornografía entre un fenómeno técnico accesible y la influencia que se ejerza para que menores de edad observen este material.
Carrillo explicó que el delito podría constituirse en una falta administrativa si los propietarios de la residencia y responsables de la filmación no tomaron las previsiones necesarias para evitar que menores de edad observaran los actos sexuales que se grababan.
Detalló que en este caso no se obligó o influenció a los menores para que observaran ni proyecciones fílmicas ni las grabaciones.
La ley sí establece sanciones para aquéllos que influencien a menores de edad a presenciar este tipo de material u observar el mismo acto sexual, por el delito de corrupción.
Ayer la Fiscalía Auxiliar culminó la indagatoria de los extranjeros detenidos encabezados por Frederick Salaff, propietario de la residencia y de la página Panamá Sex.
La Fiscalía también llevó a cabo una nueva inspección en la residencia utilizada para las filmaciones.
La ley establece como corrupción cuando una organización instiga o induce al menor a participar en eventos pornográficos.
El acceso de los menores a material pornográfico no inducidos, pero permitido por los responsables, también constituye un acto de corrupción, delito que en ocasiones es incontrolable.
Por ejemplo, el jurista expuso la proyección de películas pornográficas en cines o páginas electrónicas a las cuales los menores tienen acceso, aunque no tengan consentimiento de un mayor.
Por corrupción de menores las leyes panameñas establecen sanciones de 3 a 5 años.
Asimismo, impone sanciones entre los 50 a 150 días multas.
Los detenidos son investigados por el presunto delito de corrupción de menores, contra el pudor y libertad sexual.
