Explicó que después de un año de haber aprobado las Leyes 24 y 25, se ha podido iniciar el apoyo al sector agropecuario.
Mencionó que la demora de poner en práctica ambas leyes se debió a que ninguna de las dos previó la necesidad de tener personal para poder iniciar, por lo que se consiguió funcionarios de diferentes ministerios para ejecutar la Ley 24.
Con la Ley 24 se distribuyeron en el año 2000, 15.4 millones de balboas basándose en los problemas que los productores enfrentaron en cuanto al comportamiento climatológico.
El titular del ramo explicó que una vez terminado este proceso se inició la Ley 25, dando como primer apoyo al sector bananero independiente.
Sostuvo que le Ley 25 no es paliativo, ni es subsidio para el problema de Divalá, es exclusivamente para innovar y transformar toda la explotación bananera, es decir, aplicar nuevas tecnologías de manera que se pueda producir más y obtener mayores ingresos. En cambio la Ley 24, sí es para apoyar problemas climatológicos y bajas de precios. Lo que se quiere es que los productores inviertan en mayor y mejor tecnología, destacó.
"Para garantizar la inversión del monto entregado, los cheques fueron expedidos después de un áudito completo en lo que invirtieron los productores. Al que no se le ha dado su cheque es porque el áudito no ha terminado", dijo.
Por otro lado, informó que el plan de inversión que incluye la ley es de cinco años, de manera que en el 2007 se tenga un nivel de competitividad en los productos. Además, agregó que la Ley 25 tiene que tener los fondos permanentemente para hacerle frente todos los años a las inversiones de los productores.
"Por ahora el primer rubro beneficiado con la Ley 25 es el banano. Sin embargo, hay otros como la palma de aceite, el ganado de carne y de leche que también está por otorgárseles las mismas facilidades", señaló el ministro del MIDA.
Se destaca en el artículo 7 que "se reconoce como periodista al ciudadano panameño que acredite un título académico en periodismo, comunicación social o ciencias de la información, expedido por una universidad debidamente acreditada y reconocida por la Universidad de Panamá ante el Ministerio de Educación en el libro de Registros Profesionales del Periodismo de la República de Panamá". En cuanto a los derechos de los periodistas, el artículo 12 indica que como toda profesión legalmente ejercida en la República de Panamá, el periodismo está amparado por las normas vigentes en materia laboral, incluidas todas las instancias.
Otro artículo novedoso es el establecimiento de la cláusula de conciencia que indica que el periodista tiene derecho y la obligación moral de actuar de acuerdo a su conciencia. En consecuencia, las empresas periodísticas y contratantes no podrán aplicar sanción por el cumplimiento de este deber señalado por la moral profesional.
Se agrega que el periodista podrá exigir el retiro de su nombre como autor de un texto informativo que haya preparado, cuando considere que éste una vez editado por el respectivo medio, entra en conflicto con los criterios profesionales y/o conciencia aplicados al momento de producirlo.
Otro artículo que resultará polémico es lo referente a la dirección de las empresas periodísticas. El anteproyecto destaca que los cargos de los que se derive responsabilidad legal por lo difundido a través de los medios serán ejercidos por profesionales de nacionalidad panameña no protegidos por fuero o inmunidad. Otro de los contenidos del nuevo anteproyecto de ley es el referido al Consejo Superior del Periodismo (que reemplaza a la Junta Técnica de Periodismo) que deberá estar integrado por representantes de las organizaciones gremiales de periodistas existentes en el país reconocidos mediante personería jurídica. Sus funciones se dirigen a velar por el cumplimiento de la ley, expedir el carnet de identificación a los profesionales del periodismo, acreditar a los corresponsales y periodistas de prensa extranjera, instruir de oficio mediante denuncias los casos de violación a la ética periodística y establecer las sanciones de índole moral que deban recaer sobre los responsables.
Por su parte el profesor Garrit Geneteau --secretario general del Sindicato de Periodistas, una de las organizaciones de mayor trayectoria en el medio-- destacó su optimismo en cuanto a los beneficios de la nueva ley ya que representa un avance significativo.
Destacó el dirigente sindical que es la primera vez que una ley de periodismo ha sido consensuada por los propietarios de los medios de comunicación y los propios periodistas.
Advierte Geneteau que se descubrió que habían ciertas afinidades con los dueños de los medios, independientemente de las malas experiencias tenidas con ellos.
Explicó que se ha logrado un alto nivel de consenso con los gremios, a excepción del Colegio Nacional de Periodistas y dijo que ahora se está solicitando a la Asamblea Legislativa que se lleve a segundo debate con urgencia notoria. Posiblemente ocurra la próxima semana, antes de finalizar el período de sesiones de la Asamblea.
De aprobarse la nueva ley, derogará la Ley 67 de 1978 que regula el ejercicio del periodismo en Panamá.
Explicó el dirigente que el Estado por su parte ha creado una Comisión especial conformada por el Ministerio de Gobierno y Justicia, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Presidencia, en la que se analiza toda la normativa jurídica relacionada con las leyes mordaza que históricamente han constituido un freno en lo que respecta a la libertad de expresión en Panamá.
