La Asociación de Profesores, capítulo del Instituto Nacional, solicitó ante la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa que se realice un áudito a la gestión de Jaime Ruíz, actual rector de este centro de enseñazas.
Manuel Angel Jiménez, presidente del capítulo, expresó que la comunidad educativa en general mantiene serias dudas sobre el uso que le ha dado Ruíz a más de B/.200 mil que ha recibido por año en concepto de la Ley 13 o fondo de Matrícula.
Además desconocen qué se hace con lo que se paga en concepto del alquiler de la cafetería y los kioscos que hay en el plantel, mencionó que incluso quieren saber cómo se han utilizado los B/.5 millones que asignó el actual gobierno para la reconstrucción del plantel.
Jiménez dijo que han recurrido a la Asamblea Legislativa por que han presentado diversas denuncias ante el Ministerio de Educación, ente que ha mostrado una actitud "muy pasiva" y lo único que han hecho es enviar a Ruíz de vacaciones por dos meses.
Mientras que José Blandón Figueroa, presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa, expresó que los legisladores no tienen facultad legal para investigar o realizar auditos en el manejo de estos fondos y que esa labor corresponde a la Contraloría General de la República.
Sin embargo, indicó que los legisladores podrían reunirse en el Instituto Nacional, a fin de tratar de conocer la situación y ver de qué forma podrían ayudar para tratar de solucionar los problemas que enfrenta el plantel.
Blandón dijo que se explicó a los docentes que según lo dispuesto en el recién aprobado proyecto de ley de Descentralización de la Educación, se establece que corresponderá a la comunidad educativa elaborar el proyecto de presupuesto de los planteles, a fin de acabar con el monopolio que en este sentido tenían los directores de las escuelas.
Defendió el derecho de cualquier panameño a conocer cómo se gastan los dineros públicos porque es una manera de fiscalizar dichos fondos y la negativa a permitir que este tipo de información salga a luz pública es un mensaje negativo en la lucha contra la corrupción.
