La problemática carcelaria del país sigue generando controversia y por el momento, no existe una luz al final del túnel. Por el contrario, las cosas cada día se complican.
A los miembros de la Fundación Apoyo al Detenido, que ha realizado varias denuncias de los maltratos físicos a los que son sometidos los reclusos, le prohibieron el ingreso a las cárceles y según su presidente, Javier Justiniani, "este es una acto de represalia de las autoridades".
Justiniani consideró la medida como un acto de "persecución" para que no se conozca "la otra cara de las cárceles" y aseguró que de no definirse una estrategia de Estado, tendiente a resolver el problema penitenciario, de delincuencia y criminalidad, existirán más de 20 mil personas en las cárceles en el año 2015.
Prueba de ello, es que los incidentes policivos han registrado un aumento del 25% en relación al 2004 y 2005, lo que indica que algo está pasando y nadie le pone el cascabel al gato, dijo.
Por otro lado, el diputado presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea, Rogelio Paredes, señaló que los casos de torturas registrados en los últimos meses dentro de algunos centros penitenciarios, no han sido engavetados y son investigados por el Ministerio Público.
La Comisión actuará como mediadora entre los detenidos y el Ministerio de Gobierno, luego de las denuncias de abuso contra reos.
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