La recién designada delegada Especial del Defensor del Pueblo para la atención de los Servicios Públicos, Mónica Guillén, aseguró ayer que velará por la defensa de los usuarios de los servicios públicos, para eliminar el "estado de indefensión" en que se encuentran los usuarios, sin interferir con las funciones del Ente Regulador de los Servicios Públicos.
La Oficina de la Delegada Especial del Defensor del Pueblo para la Atención de los Servicios Públicos, fue creada el pasado 24 de febrero de 2003, con la resolución número 45 emitida por el Defensor del Pueblo.
A juicio de Guillén, el Estado debe buscar un equilibrio entre las empresas prestadoras de los servicios públicos de carácter privado y los usuarios, que deben verse beneficiados.
"Con la creación de esta oficina, la Defensoría del Pueblo, en el ámbito de los servicios públicos, actuará sin sustituir ni interferir en las funciones de otras entidades del Estado, sino desempeñando un papel de supervisión de los organismos reguladores y del Estado", enfatizó.
Manifestó que la Defensoría del Pueblo no tiene una fuerza coercitiva para hacer cumplir las disposiciones legales, sin embargo, estará en sus manos recordar a las autoridades que están llamadas por ley a lograr ese equilibrio, entre las empresas prestadoras de este servicio y los usuarios, quienes exigen que se cumpla con nuestras leyes.
222Según la delegada, dicha oficina no interferirá en la función de otras entidades.
Destacó que parece existir un consenso mayoritario en la población que se queja de dichos servicios y todo parece apuntar a que el organismo regulador creado por ley para tal fin, no satisface las quejas de aquella mayoría de usuarios que se siente en un "estado de indefensión".
Señaló que es necesario fortalecer la credibilidad en los organismos reguladores, lo que se logrará elevando la participación y representación de los consumidores en estos procesos, adoptando medidas que les permitan ser objeto del control público de conformidad con la Constitución y las leyes.
Al ser cuestionada en torno a su experiencia previa en su lucha por la defensa de los usuarios, Guillén, quien es abogada de profesión, indicó que aunque estuvo en el Departamento de Orientación y Conciliación de la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC), basta con ser una usuaria de los servicios públicos, para defender y rechazar cualquier violación a la ley.
La funcionaria destacó también que para el presente año a la Defensoría del Pueblo se le recortó medio millón de balboas de un presupuesto de 2.7 millones, lo que a su juicio limita la instalación de esta oficina, lo que ha afectado la adquisición del recurso humano técnico y el material necesario para la oficina.
Sin embargo, sostuvo, el Defensor del Pueblo remitió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la resolución con la cual se creó la unidad administrativa, para que el próximo año otorgue los recursos necesarios para esta tarea.
La atención de los usuarios quejosos se hará tal cual se hace actualmente con cualquier tipo de denuncia en la Defensoría del Pueblo, ya sea presentándose a la Defensoría, telefónicamente suministrando todos los datos, a través del correo o vía Internet.
