La Comisión de Transporte de la Asamblea Legislativa pretende promover una iniciativa para evitar, según los transportistas, lo que se constituye en un "atropello" que cometen las empresas financieras y bancos contra los propietarios de unidades de buses y taxis.
Marcos González, presidente de la Comisión de Transporte, informó que una vez se inicie el nuevo período de sesiones ordinarias van a presentar una propuesta, pues no están de acuerdo y no pueden permitir que las financieras sigan secuestrando los vehículos, casas, terrenos y otras propiedades de los transportistas.
Según González, la ley establece que al momento que un banco o financiera secuestra una unidad por algún atraso en el pago de las letras, ésta debe mantenerse funcionando para que siga generando ingresos y así la deuda del propietario no se incremente.
No obstante, la práctica usual de las financieras y los bancos es secuestrar los vehículos y mantenerlos en los patios de estacionamientos, sin operar, lo cual provoca el deterioro de la unidad, además ésta permanece sin generar ingresos.
A la vez, la deuda del transportista sigue incrementándose sin que exista una forma que permita al propietario que pretende recuperar su vehículo, disminuirla.
Según González, la situación es ilegal, lo cual podría provocar que las organizaciones de transportistas procedan civilmente contra estas compañías e incluso se inicie un proceso penal.
El legislador añadió que esta forma de actuar de las financieras es ilegal, razón por la que pretenden introducir una nueva modificación a la norma legal que rige esta actividad, a fin de establecer de manera clara qué es lo que se puede hacer en estos casos.
Denunció que incluso después que secuestran la unidad, las financieras proceden a secuestrar las viviendas, terrenos u otras propiedades de los transportistas o sus familiares.
A una gran cantidad de personas debieron tomarle la presión arterial en las afueras de la policlínica por seguridad, ya que quedaron llenas de pánico después del evento.
Desorientados quedaron los jubilados y pensionados que formaban fila para obtener sus cheques, en un centro comercial. Las rajaduras que dejó el terremoto del 25 de diciembre en el edificio de la Ciudad Judicial, que alberga al Ministerio Público, se intensificaron con el nuevo sismo.
Posteriormente se registraron réplicas menores en la provincia, pero todo ha vuelto a la calma, aunque la comunidad está preocupada por la continuidad de los sismos.
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