Un convenio de desarrollo tecnológico y de cooperación que generará amplios beneficios económicos fue suscrito entre la Universidad de Panamá (UP) y la empresa informática Cibernética, S.A.
En el acto, realizado en la sede de la Rectoría en la Colina del Campus Central, ambas partes resaltaron los beneficios del acuerdo, que tendrá como principal objetivo definir, crear y aplicar nuevas tecnologías que promueven el desarrollo tecnológico de avanzada, así como de la información.
De esta manera, Cibernética, S.A. colaborará con la transformación y aplicación de los resultados de las investigaciones universitarias en futuros productos y ventajas competitivas del mercado.
Por su parte, la UP, a través de la Dirección de Informática, fomentará los métodos que impulsen la participación de la Casa de Estudios Superiores en las investigaciones y proyectos que precisen las empresas particulares.
Se informó que el convenio permite el uso de tecnología de la empresa por parte de personal docente, estudiantil y administrativo de la carrera de Ingeniería Informática, Electrónica y Comunicaciones, además de carreras afines vinculadas con proyectos desarrollados bajo el convenio.
La iniciativa ratificada el pasado miércoles establece una participación económica sobre el valor de las ventas por el mercado de producto de un 50 por ciento para cada una de las partes.
Otro actividad conjunta promovida entre la UP y el sector privado, fue el seminario de Empresarialismo, realizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) dirigido a estudiantes de la Facultad de Administración de Empresa, Contabilidad y Economía.
El propósito de la iniciativa fue el de promover en los estudiantes con conocimientos básicos una actitud positiva para que realicen sus propias iniciativas empresariales, convirtiéndose así en empresarios generadores de empleo.
La actividad contó con la participación de Carlos Ernesto González Ramírez, presidente de APEDE, así como del rector de la UP, Julio Vallarino.
La queja fue interpuesta por la Fundación Seguridad Ciudadana Pro-Orden y Disciplina, dirigida a incorporar a los conductores de buses al sistema de seguridad social.
La fundación busca, a través de la Defensoría del Pueblo, promover conversaciones entre los tres organismos responsables, para establecer una estrategia conjunta que garantice prestaciones laborales a los conductores, como cualquier empleado.
Gutiérrez afirma que la Defensoría del Pueblo "busca ser el ente catalizador" entre los conductores de buses, la ciudadanía y las autoridades pertinentes, a través de un diálogo en el que participen todos los sectores.
Como primer paso, propone un censo para establecer la cifra exacta de conductores; además insiste en la necesidad de educar a los conductores en los beneficios de estar agremiados. Para el funcionario, parte del problema de los "palancas" es su falta de organización.
Alexis Miranda, Secretario de Organización y Estadística del Sindicato de Conductores de Transporte Colectivo (SICOTRAC), afirma que procuran que los conductores tengan alguna forma de estabilidad laboral. No considera necesario el pago de "un salario", pero sí de la cotización a la CSS.
Para el dirigente, las conversaciones pretenden darle a los conductores la posibilidad de jubilarse y hacer uso de los servicios médicos que ofrece la institución de seguridad social.
La ley que regula el transporte en Panamá es No. 14 de mayo de 1993, reformada en 1999, y establece lo concerniente a las rutas y la relación laboral entre los dueños, los conductores de autobuses y sus ayudantes.
El artículo 57 de esta ley establece que los conductores de autobuses tiene subordinación jurídica y dependencia económica con relación a los propietarios.
Para Andrés Moya, de ALAP, estos dos aspectos son los que le permiten a los choferes de autobuses ser considerados empleados, con los mismos derechos que otros trabajadores.
Son pocos los artículos correspondientes al oficio de los operarios de autobuses; sin embargo, el reglamento establece la existencia de una relación de trabajo, aunque los choferes no estén inscritos en la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT).
Para Jorge Fabián Gutiérrez, director de Orientación y Protección de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, esta ley no se está cumpliendo, por lo que han decidido recibir la solicitud de la Fundación Seguridad Ciudadana Pro Orden y Disciplina, para apoyar a los conductores.
