Con el fin de promover la premisa de una prensa libre, pluralista e independiente, la comunidad internacional conmemora hoy una fecha más del "Día Mundial de la Libertad de Prensa".
En el marco de esta celebración, la Defensoría del Pueblo de la República de Panamá alabó los avances que en materia de libertad de expresión se han promovido en el país, como fue la recién aprobada Ley de Transparencia en la Gestión Pública.
La norma, que establece el Hábeas Data y otras disposiciones, facilita al ciudadano común el acceso a documentación de las acciones gubernamentales.
Sin embargo, y pese a estos avances, para la Defensoría del Pueblo todavía quedan pendientes algunos temas como la adecuación de los ordenamientos jurídicos en materia de libertad de expresión y acceso a la información para que estén acordes a los estándares y recomendaciones internacionales.
Para el organismo de defensa ciudadana, lo anterior es un reto que debe afrontar la sociedad panameña si aspira al fortalecimiento democrático. Por ello, a través de su Delegado Especial para la Libertad de Expresión se compromete a impulsar una reforma legislativa integral que sea el producto del consenso ciudadano.
Para la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la situación de la libertad de expresión es preocupante, debido a un sin fin de razones que limitan el libre ejercicio.
"El estado de la libertad de prensa no ha mejorado por los ataques externos e internos a la labor periodística, pero sí observamos que ahora los ciudadanos tienen mayor conciencia sobre los beneficios de la libertad y otros valores que la acompañan, como por ejemplo, el acceso a la información", destacó el organismo.
La SIP manifestó su indignación por la impunidad que rodea a la mayoría de los 251 asesinatos contra periodistas que desde octubre de 1988 hasta abril del 2002 se han registrado en el hemisferio occidental.
Y reiteró su empeño en acabar con la impunidad, exigiendo como principios fundamentales que no prescriba el tiempo de enjuiciamiento de los crímenes contra periodistas, que sean juzgados en el fuero federal para acelerar y garantizar la imparcialidad de los procesos.