El Programa Nacional para el Desarrollo Local (Pronadel), que busca distribuir de forma equitativa los fondos para la construcción de obras comunitarias, no cuenta con una reglamentación para su uso.
Ello a pesar de que el programa entró en vigencia a partir del pasado 1 de enero.
Ayer fue publicado en Gaceta Oficial el decreto que solicita a la Contraloría General de la República se organice para la fiscalización de las juntas comunales una vez se inicie la ejecución del programa por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Este programa manejará anualmente 70 millones de dólares. De estos, los 623 representantes del país recibirán 110 mil y los 75 distritos percibirán 30 mil dólares cada uno.
A pesar de que, en su momento, la creación de Pronadel fue cuestionada, el ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez, planteó en esa ocasión que “la fusión de las instituciones busca una mayor eficiencia” y que la decisión de unificarlas se debió a que “tenemos tres instituciones que están haciendo prácticamente lo mismo”.
La creación de Pronadel se da tras la fusión del Programa de Desarrollo Comunitario (Prodec) con el de Obras Comunitarias (POC) y el de Inversión Local (Proinlo) y será administrado por el MEF, puesto que antes solo el Prodec y el POC estaban adscritos a esa entidad, mientras que Proinlo pertenecía al Ministerio de la Presidencia.
Con esa fusión, algunos representantes manifestaron que esperan que las obras en las comunidades sean respaldadas por el Gobierno, sin importar si el edil es de oposición u oficialista, para que en realidad haya equidad.
