Pronto Cash, la financiera que emite una “tarjeta financiera” que opera de forma similar a una tarjeta de débito, supuestamente incumplió el Artículo 7 de la Ley 81 de 31 diciembre de 2009, según una alta fuente del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).
Dicha ley tutela los derechos de los usuarios de las tarjetas de crédito y otras tarjetas de financiamiento.
El Artículo 7 establece que "el emisor está obligado a informar a la Unidad de Análisis Financiero dichas operaciones, de conformidad con la Ley 42 de 2000 y sus reglamentaciones. Los bancos establecidos en Panamá cuentan con la autorización que deriva del régimen bancario que le es aplicable y seguirán en la materia de este capítulo lo que al respecto dispone dicho régimen".
La falla se detectó tras una inspección que realizaron funcionarios del Ministerio de Comercio e Industrias a las instalaciones de la financiera Pronto Cash el pasado lunes, empresa que está bajo la lupa de las autoridades, quienes investigan a la empresa por su llamada “tarjeta financiera” que permite a los usuarios depositar sumas de dinero -supuestamente sin declarar el origen- y luego gastarla a través de esa tarjeta.
De hecho, en el Ministerio de Comercio e Industrias se elabora una resolución para ordenar una auditoría a la empresa, cuya dueña es Tatiana Nazarova, esposa del estadounidense Monte Morris Friesner, acusado en Estados Unidos de supuestamente 20 fraudes electrónicos y otros delitos, según el Departamento de Justicia de ese país.
Morris Friesner quedó en libertad en junio de 1998, según datos de las oficinas de prisiones del país norteamericano.
Sin autorización.
El ministro del MICI, Ricardo Quijano, reiteró ayer que la empresa Pronto Cash será investigada por efectuar transacciones financieras para las cuales supuestamente no está autorizada.
Quijano explicó que Pronto Cash puede usar sus utilidades para capitalizarlas y seguir prestándolas si desean, pero no pueden hacer captación de fondos como lo hace un banco con una tarjeta de débito, por ejemplo.
“No sé si la ley permita decir muchas cosas privativas de la institución, de la dirección financiera y de la misma empresa”, sostuvo Quijano, mientras evitó dar mayores detalles sobre el tema de Pronto Cash.
En el caso de las financieras corresponde al Ministerio de Comercio e Industrias reglamentar su actividad, por ende esta será la institución que efectuará las investigaciones correspondientes y no la Superintendencia de Bancos, acotó Quijano.
En este sentido. Quijano pidió tiempo “para estudiar bien el caso”.
Por su parte, la presidenta de Pronto Cash, Nazarova, manifestó ayer que la única inspección que ha recibido la empresa de parte del MICI, después de cinco años de operación, se realizó el pasado lunes y que fue motivada por el “fantasioso artículo” publicado en Panamá América.
“El sostener que el negocio de una financiera es solo prestar dinero contra garantías de bienes, es desconocer el negocio de una empresa financiera en Panamá, desconocer sobre el artículo 38 todo (sic) la Ley 81 de 31 de diciembre de 2009, que tutela los derechos de los usuarios de las tarjetas de crédito y otras de financiamiento”.
Incluso, dijo que las puertas de sus oficinas siempre están abiertas para todas las autoridades de la República de Panamá, especialmente para las autoridades relacionadas con nuestra actividad comercial.
Además, manifestó que duda que el “señor Pedro Meilán, de Acodeco, haya dicho que la entidad que él preside no tiene ninguna función regulatoria sobre la actividad de Pronto Cash (una empresa financiera) y su tarjeta, y sostiene que no ha recibido reportes en ese sentido.
También cuestionó en una nota enviada a este diario, que se haya publicado información suministrada por una persona, a la cual le tiene puesta tres querellas penales, de las cuales ya dos tienen llamamiento a juicio.
